El Congreso de Perú aprobó una polémica ley de amnistía para militares acusados de violaciones a los DDHH. La decisión genera una ola de indignación. Descubre por qué te importa.
En una decisión que ha fracturado a la opinión pública, el Congreso de la República del Perú ha aprobado una controvertida ley de amnistía que beneficia a militares y policías investigados por graves violaciones a los derechos humanos, reabriendo profundas heridas del pasado.
El Perú se encuentra nuevamente sumido en la polarización tras una de las decisiones legislativas más controvertidas de los últimos años. El Pleno del Congreso aprobó este jueves una ley que concede amnistía a miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional que enfrentan procesos judiciales por delitos de lesa humanidad y violaciones a los derechos humanos cometidos durante el conflicto armado interno. La medida ha desatado una tormenta política y social, enfrentando a quienes la defienden como un acto de «reconciliación» con quienes la denuncian como una «ley de impunidad».
¿Qué Dice la Ley? Los Detalles de la Amnistía
La norma, impulsada por un sector del parlamento, busca establecer la prescripción de los delitos cometidos por agentes del Estado antes de 2002, año en que el Perú ratificó la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad. En la práctica, esto significaría el archivo de cientos de casos judiciales en curso y la liberación de condenados por masacres y ejecuciones extrajudiciales.
Los defensores de la ley argumentan que busca dar seguridad jurídica a los militares y policías que «lucharon contra el terrorismo» y que es un paso necesario para «cerrar las heridas del pasado». Sostienen que muchos agentes del orden enfrentan juicios interminables que afectan la moral de las instituciones castrenses.
«Un Insulto a las Víctimas»: La Reacción de los Organismos de DD.HH.
La respuesta de las organizaciones de derechos humanos, colectivos de víctimas y sectores de la oposición ha sido de una indignación rotunda. Califican la ley como un «insulto a la memoria de las víctimas» y un acto que consagra la impunidad, contraviniendo tratados internacionales firmados por el Perú. Advierten que esta amnistía no solo niega el derecho a la verdad y la justicia para miles de familias, sino que también envía un peligroso mensaje de que las atrocidades pueden quedar sin castigo.
Esta controversia se inserta en un contexto de profunda desconfianza ciudadana hacia las instituciones. Según informes como el Latinobarómetro, Perú se encuentra entre los países con menor confianza en su clase política. Una ley de esta naturaleza, percibida por un amplio sector de la población como un blindaje a perpetradores de crímenes, amenaza con erosionar aún más la ya frágil legitimidad del Congreso y del sistema político en general.
«Estamos frente a una propuesta de formalización disfrazada y distorsionada que en el fondo sigue siendo ilegalidad, ahora institucionalizada.» – Crítica de una parlamentaria a otra ley polémica, reflejando el sentir sobre la ley de amnistía.
Un País en Tensión Permanente
La aprobación de la amnistía no es un hecho aislado. Es un nuevo capítulo en la «crisis política crónica» que vive el Perú. El país navega en un mar de tensiones constantes:
- * Conflictividad Social: Se registran continuamente conflictos sociales, muchos de ellos de carácter socioambiental ligados a la actividad minera, que es clave para la economía.
- * Choque de Poderes: La tensión entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo es una constante que genera inestabilidad y dificulta la gobernabilidad.
- * Inseguridad Ciudadana: La creciente inseguridad es la principal preocupación de los peruanos y erosiona la aprobación de las autoridades.
En este volátil escenario, la ley de amnistía actúa como un catalizador, añadiendo más leña al fuego de la polarización. No es solo una decisión sobre el pasado, sino un acto con profundas implicaciones para el presente y el futuro de la democracia peruana, que podría catalizar nuevas protestas y agudizar la crisis de representatividad.
El país queda fracturado. La pregunta que flota en el aire es si esta ley podrá sostenerse ante posibles impugnaciones en tribunales internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Mientras tanto, el costo político para quienes la impulsaron y el impacto en la ya delicada paz social del Perú son incalculables.
