Una propuesta radical para crear centros de migrantes fuera de la UE, impulsada por Italia, divide a los líderes europeos. Conoce los detalles de un debate que amenaza los principios fundacionales de asilo.
La Unión Europea se enfrenta a una profunda división interna por la política migratoria. Un bloque de países liderado por Italia impulsa la creación de centros de procesamiento de migrantes en terceros países, una idea antes «impensable» que ahora domina el debate en Bruselas.
Un viraje ideológico radical está fracturando a la Unión Europea. El debate sobre la política migratoria ha entrado en un «territorio ‘impensable’ hace solo unos años», con una propuesta que hasta hace poco era tabú ahora en el centro de la agenda: la creación de centros de procesamiento y retorno de migrantes irregulares fuera de las fronteras de la UE.
La iniciativa, que emula el controvertido acuerdo de Italia con Albania y el fallido «modelo Ruanda» del Reino Unido, está siendo impulsada por un poderoso bloque de estados miembros y amenaza con desmantelar décadas de principios y legislación sobre el derecho al asilo en el continente.
El bloque de la «línea dura» y el apoyo de la comisión
La ofensiva política está liderada por la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, junto a sus homólogos de los Países Bajos y Dinamarca. Este núcleo ha logrado aglutinar el apoyo de una coalición cada vez más amplia que incluye a Austria, Polonia, Hungría, República Checa, Grecia, Chipre y Malta.
Significativamente, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha legitimado esta corriente al abrir la puerta a explorar estas «fórmulas innovadoras» y participar en reuniones con el grupo de la línea dura. Este gesto ha sido interpretado como un espaldarazo a un sector que busca redefinir por completo el enfoque migratorio de la UE, priorizando la externalización de fronteras sobre la acogida.
La presión por este nuevo modelo llega en un momento paradójico: apenas unos meses después de que los Veintisiete acordaran el nuevo Pacto de Migración y Asilo, y antes incluso de que la mayoría de los países lo hayan implementado. Esto evidencia una profunda insatisfacción con el marco actual, considerado insuficiente para frenar las llegadas irregulares.
Un desafío al orden jurídico europeo
La propuesta de centros «offshore» no es solo un cambio de política; es un desafío directo al orden jurídico sobre el que se ha construido la protección de los derechos humanos en Europa. El Convenio Europeo de Derechos Humanos y las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) han establecido históricamente límites estrictos a las deportaciones y a la externalización de las solicitudes de asilo.
Los defensores de la nueva política argumentan precisamente que las decisiones del TEDH les han «atado las manos», impidiendo a los gobiernos nacionales actuar con la contundencia que consideran necesaria. Por lo tanto, el objetivo es crear una especie de limbo jurídico, donde los migrantes puedan ser procesados fuera de la jurisdicción directa de los tribunales europeos, una medida que según sus críticos es «totalmente arbitraria y que pone en riesgo a las personas».
«El actual sistema de asilo se ha roto. Nadie abandona su hogar sin un motivo, pero tenemos que reconocer que el sistema no funciona». – Declaración de un líder europeo anónimo.
La migración como campo de batalla político
El debate está cargado de tensiones geopolíticas, con acusaciones a Rusia y Bielorrusia de «utilizar la migración como un arma política» para desestabilizar a los países fronterizos como Finlandia y Polonia.
Sin embargo, más allá de las presiones externas, la migración se ha convertido en una guerra de poder por el futuro político de la UE. El bloque de la línea dura, compuesto en gran parte por gobiernos nacionalistas y conservadores, está utilizando este tema para afirmar la primacía de la soberanía nacional sobre las competencias de la UE.
El resultado de este pulso determinará si la Unión Europea continúa en su camino de una mayor integración o si pivota hacia una confederación más laxa de estados-nación, donde la seguridad fronteriza individual prevalece sobre los compromisos colectivos y los derechos humanos universales.
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