La Sindicatura de Greuges de Catalunya ha entrado en escena para mediar en el conflicto de la calle Consell de Cent de Barcelona, buscando una solución que evite el derribo del emblemático eje verde tras una sentencia judicial que anuló el proyecto.
El futuro de uno de los proyectos de transformación urbana más emblemáticos y polémicos de Barcelona, el eje verde de la calle Consell de Cent, se encuentra en una encrucijada. Tras una sentencia judicial que ordena su reversión, la Sindicatura de Greuges de Catalunya (el equivalente al Defensor del Pueblo) ha iniciado un proceso de mediación en un intento desesperado por evitar lo que muchos consideran un desastre económico y social.
Una Sentencia que Amenaza un Símbolo de Barcelona
El origen del conflicto es una sentencia que dictaminó que la reurbanización de la calle, buque insignia del modelo de «superilla» del anterior gobierno de Ada Colau, debía haberse tramitado como una modificación del Plan General Metropolitano (PGM), y no como un simple proyecto de obras. La demanda fue interpuesta por la asociación de comerciantes Barcelona Oberta, que se oponía al proyecto.
El actual gobierno municipal, liderado por el socialista Jaume Collboni, heredó el conflicto y, a pesar de sus reticencias iniciales al modelo, ha defendido su legalidad ante los tribunales, recurriendo en última instancia al Tribunal Supremo. La amenaza de tener que deshacer una obra ya consolidada y utilizada por miles de ciudadanos es ahora muy real.
La Sindicatura Entra en Escena: Mediación para Evitar el Desastre
Ante este callejón sin salida, la Sindicatura de Greuges ha propuesto formalmente una mediación entre el Ayuntamiento y los demandantes. El objetivo es claro y pragmático: encontrar una «fórmula para ejecutar la sentencia sin revertir la obra».
«La negociación buscará una fórmula para ejecutar la sentencia sin revertir la obra.» – Información sobre el objetivo de la mediación.
Sobre la mesa está no solo el coste millonario que supondría el derribo, sino también la posible obligación de devolver los fondos europeos Next Generation que cofinanciaron el proyecto, lo que representaría un duro golpe para las arcas municipales. La propia sentencia inicial ya apuntaba a la mediación como una vía para evitar un desenlace tan drástico.
La Judicialización del Urbanismo como Freno
Este caso se ha convertido en un símbolo de la creciente judicialización de la política urbana. La sentencia no cuestiona los beneficios de la peatonalización —como la reducción del ruido y la contaminación—, sino un defecto de forma en su tramitación administrativa.
Esto sienta un precedente peligroso para cualquier ciudad que pretenda llevar a cabo transformaciones urbanas ambiciosas. Demuestra cómo los procesos de innovación pueden ser paralizados en los tribunales por grupos de interés, creando un «efecto disuasorio» que podría ralentizar la adaptación de las ciudades a los desafíos del siglo XXI. La mediación de la Sindicatura es, por tanto, la última esperanza para que el pragmatismo se imponga a una batalla legal que amenaza con devolver a Consell de Cent al ruido y al asfalto.
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