La Corte Penal Internacional (CPI) volvió a colocar a Israel en el centro del escrutinio global tras rechazar la apelación para retirar las órdenes de arresto contra el primer ministro Benjamin Netanyahu y su exministro de Defensa, Yoav Gallant, por presuntos crímenes de guerra en Gaza.
El anuncio, realizado desde La Haya, mantiene vigente una investigación que ha generado tensiones diplomáticas y profundas divisiones políticas en torno al conflicto israelí-palestino. Según el vocero de la CPI, Fadi al Abdulá, las órdenes “siguen siendo válidas y sólo pueden ser revocadas por los jueces del tribunal”, incluso años después de emitidas.
La decisión representa un duro golpe para el gobierno de Israel, que ha insistido en que las acusaciones son “políticamente motivadas” y que la CPI no tiene jurisdicción sobre su territorio.
Un contexto judicial sin precedentes
La investigación de la CPI, iniciada en 2023 tras los ataques del 7 de octubre de 2023 de Hamas contra Israel, busca determinar la responsabilidad penal de Netanyahu y Gallant en la ofensiva militar que siguió al atentado.
De acuerdo con el tribunal, existen “motivos razonables” para creer que se cometieron crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad durante las operaciones en el enclave palestino, que dejaron más de 65 mil víctimas palestinas.
Aunque tres líderes de Hamas también fueron señalados en las órdenes iniciales, fueron posteriormente eliminados por Tel Aviv, lo que llevó al tribunal a retirar esas acusaciones.
La corte, fundada en 2002, ha sido históricamente vista como una herramienta para exigir justicia frente a atrocidades masivas, aunque grandes potencias como Estados Unidos, Rusia y China no son miembros, lo que limita el alcance político de sus decisiones.
La defensa de Israel y la presión internacional
Desde Tel Aviv, Netanyahu ha insistido en que Israel actúa en defensa propia y que su ejército “opera bajo las leyes internacionales”. Sin embargo, organizaciones humanitarias y observadores internacionales han documentado ataques a civiles, hospitales y zonas humanitarias, lo que refuerza las acusaciones de la CPI.
El rechazo de la apelación ocurre mientras la suspensión temporal del fiscal jefe Karim Khan —por acusaciones de conducta inapropiada que él niega categóricamente— ha levantado dudas sobre la estabilidad institucional del tribunal. No obstante, el portavoz de la CPI aseguró que “la suspensión del fiscal no tiene efecto sobre la validez de las órdenes de arresto”.
Repercusiones diplomáticas y geopolíticas
El fallo llega en un momento crítico: Israel enfrenta creciente aislamiento internacional, mientras naciones europeas y del sur global exigen el fin de los bombardeos en Gaza y el acceso humanitario total.
La decisión de la CPI podría abrir un nuevo capítulo en la rendición de cuentas global, pero también intensificar las tensiones entre los países que apoyan a Israel y aquellos que defienden la jurisdicción internacional sobre los crímenes de guerra.
En este contexto, la comunidad internacional observa con atención si la presión judicial logrará modificar la estrategia militar israelí o fortalecerá su discurso de victimización diplomática.
Justicia internacional en el siglo XXI
Más allá del caso Netanyahu, el papel de la CPI reabre el debate sobre los límites del derecho internacional y la selectividad de la justicia global. Desde su creación, el tribunal ha enfrentado acusaciones de sesgo político, pero también ha sido una herramienta clave para las víctimas de genocidio y represión estatal.
La historia aún está lejos de cerrarse. La decisión de La Haya marca un punto de inflexión en la búsqueda de responsabilidad por los crímenes en Gaza y podría determinar el futuro de la justicia internacional en conflictos activos.
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