La justicia militar de Colombia abrió una nueva herida en el ya desgastado panorama político del país. Todo comenzó en una mañana húmeda del Guaviare, cuando el eco de un bombardeo estremeció a la población y dejó tras de sí una cifra que el país no estaba preparado para escuchar: siete menores reclutados forzosamente murieron durante una operación ordenada por el presidente Gustavo Petro. Lo que parecía ser un golpe estratégico contra las disidencias de las FARC se transformó en una tormenta nacional e internacional.
Investigación oficial y preguntas sin responder
La operación militar, dirigida contra la facción comandada por alias Iván Mordisco, terminó con la muerte de 19 guerrilleros, pero la presencia de menores entre las víctimas cambió por completo el tono del discurso. La justicia militar de Colombia anunció rápidamente una investigación para determinar si hubo un “presunto exceso de fuerza” y si la operación cumplió con los principios que rigen el uso legítimo de la fuerza en un conflicto armado.
La Fiscalía General Penal Militar y Policial emitió un comunicado donde explicó que la investigación busca “verificar” si se siguieron los protocolos establecidos. Aunque la postura inicial del gobierno fue de defensa —Petro aseguró que ordenó el bombardeo para evitar una emboscada contra soldados— la presión social y política aumentó sin pausa.
Críticas, memoria histórica y un país dividido
Las críticas no tardaron en llegar. Desde la oposición hasta miembros del propio oficialismo recordaron que Petro, cuando era senador, calificó como “crimen de guerra” un bombardeo similar ocurrido en 2019 durante el gobierno de Iván Duque. La renuncia del entonces ministro de Defensa Guillermo Botero se convirtió en un referente inevitable en el debate actual.
En las redes sociales, especialmente en la plataforma X, Petro expresó un mensaje que marcó el tono emocional de la crisis. Dijo lamentar profundamente la muerte de los menores y pidió perdón a las madres afectadas. “Llevaré ese pesar en mi conciencia”, escribió.
A mitad del conflicto mediático y político, la justicia militar de Colombia se volvió el eje de discusión. ¿Debe investigarse más allá del ámbito castrense? ¿Hubo fallas de inteligencia? ¿Se ignoraron señales sobre la presencia de menores en el campamento bombardeado? En un país con una memoria marcada por décadas de guerra interna, estas preguntas tocan fibras sensibles.
La ONU y la presión internacional
La oficina de Derechos Humanos de la ONU no tardó en pronunciarse. Manifestó su “profunda preocupación” por la muerte de los siete menores y pidió al Estado colombiano adoptar “todas las precauciones” posibles para proteger a víctimas del reclutamiento forzado. El mensaje resonó fuerte, pues Colombia mantiene una relación estrecha con organismos internacionales en materia de derechos humanos.
La Defensoría del Pueblo, por su parte, fue la primera entidad en alertar sobre la presencia de menores muertos. Su anuncio encendió la indignación en distintos sectores sociales y reforzó el llamado a una revisión exhaustiva del operativo.
Elecciones 2026 y repercusiones políticas
El episodio llega en un momento delicado para Petro. En la antesala de las elecciones presidenciales de 2026, su imagen y su narrativa política están bajo escrutinio. La oposición vio en este hecho un argumento contundente para cuestionar su liderazgo, mientras que parte del oficialismo se encuentra dividido entre respaldar al presidente o exigir mayor transparencia.
Este bombardeo, más allá del terreno militar, se ha convertido en un campo de batalla político que definirá la conversación pública durante los próximos meses.
Un cierre marcado por heridas abiertas
Mientras avanza la investigación, Colombia enfrenta una verdad incómoda: la guerra sigue cobrando vidas que nunca debieron estar en la línea del fuego. La muerte de los siete menores no solo expone fallas operativas, sino que desnuda la complejidad del conflicto armado y el peso que cargan quienes hoy toman decisiones.
Por eso, el desenlace de la investigación de la justicia militar de Colombia será determinante. No solo definirá responsabilidades, sino que pondrá a prueba la coherencia del discurso gubernamental, el respeto al derecho internacional humanitario y el compromiso del Estado con la protección de los más vulnerables.
Al final, Colombia no solo exige respuestas: exige que esta vez, a diferencia de otras tantas en su historia, la verdad no se pierda entre el ruido de la guerra y los discursos políticos.
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