Se investiga «intento de fraude electoral». Solicitan preservar IPs y datos de usuarios de cuentas troll como «Gordo Dan» y «Milei Emperador», presuntamente vinculadas al oficialismo
El sistema judicial argentino respondió a la diseminación de videos deepfake durante las elecciones legislativas en Buenos Aires, Argentina. La Fiscalía General porteña ha solicitado formalmente a la plataforma X (anteriormente Twitter) la remoción del contenido fraudulento y, crucialmente, la preservación de datos para identificar a los responsables detrás de cuentas presuntamente alineadas con el oficialismo nacional.
La aparición de videos deepfake del expresidente Mauricio Macri y la candidata del PRO Silvia Lospennato en plena jornada electoral no pasó desapercibida para las autoridades judiciales argentinas. La Fiscalía General de la Ciudad de Buenos Aires tomó cartas en el asunto, iniciando acciones para contrarrestar lo que Mauricio Macri calificó como un «intento de fraude electoral».
Requerimiento urgente a la plataforma X
El Ministerio Público Fiscal porteño envió un requerimiento formal a las oficinas de X en San Francisco, Estados Unidos, con dos exigencias principales:
- Eliminación Inmediata del Contenido: Se solicitó la baja de los videos falsos que mostraban a Macri y Lospennato haciendo declaraciones que nunca realizaron, específicamente aquellos que instaban a votar por el candidato de La Libertad Avanza, Manuel Adorni. La Fiscalía argumentó que dicho contenido «contiene información falsa con impacto directo en el proceso electoral», lo que viola la normativa electoral vigente y el derecho de los ciudadanos a emitir un voto informado y consciente.
- Preservación de Evidencia Digital: De manera fundamental para una futura investigación penal, se exigió a X que preserve las direcciones IP y cualquier otra información de usuario que pudiera ser útil para identificar a los responsables de la creación y difusión de los deepfakes. Esta medida es clave para rastrear el origen de la manipulación digital y llevar a los autores ante la justicia.
Cuentas vinculadas al oficialismo en la mira
La solicitud de la Fiscalía no fue genérica. Se identificaron una serie de cuentas en la plataforma X que habrían participado activamente en la viralización de los videos manipulados. Según los informes, estas incluyen «importantes cuentas troll conocidas por respaldar a Milei y LLA (La Libertad Avanza)».
Entre las cuentas señaladas se encuentran «Gordo Dan», que según se ha reportado es administrada por Daniel Parisini, una figura vinculada al equipo de comunicación del gobierno nacional, y «Milei Emperador», una cuenta que se atribuye ampliamente al influyente asesor presidencial Santiago Caputo. La implicación de cuentas con presuntos lazos directos con el oficialismo eleva la gravedad del incidente, transformándolo de un simple acto de desinformación anónima a un asunto con potenciales connotaciones de intervención coordinada desde esferas cercanas al poder. Esto intensifica la crisis política y las apuestas de la investigación judicial.
Desafíos legales y cooperación internacional
La acción de la fiscalía porteña sienta un precedente en la lucha contra la desinformación electoral impulsada por IA en Argentina. Sin embargo, enfrenta desafíos significativos:
- Jurisdicción y Cooperación de Plataformas: La efectividad de la solicitud de preservación de datos y la eventual identificación de los responsables dependerá en gran medida de la cooperación de X Corp., una empresa con sede en el extranjero. El historial de las grandes tecnológicas en cuanto a la entrega de datos de usuarios a autoridades judiciales extranjeras es complejo y a menudo sujeto a sus propias políticas internas y a las leyes de su país de origen. Este caso pondrá a prueba la disposición de X a colaborar en investigaciones de presuntos delitos electorales.
- Identificación de Autores: Incluso con direcciones IP, la atribución definitiva de la autoría de los deepfakes y la coordinación de su difusión puede ser técnicamente complicada, especialmente si se utilizaron herramientas para anonimizar la actividad.
La investigación por «intento de fraude electoral» ya está en marcha. Las acciones de la fiscalía buscan asegurar la evidencia digital necesaria para futuras denuncias judiciales, en un esfuerzo por sancionar una práctica que atenta directamente contra la transparencia y la legitimidad de los procesos democráticos.
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