Informe de DDHH de abril de 2025 revela escalada alarmante, especialmente contra firmantes de paz. Urge protección estatal y avances en la «Paz Total».
La violencia selectiva contra defensores de derechos humanos, líderes comunitarios, sindicalistas y excombatientes de las FARC en proceso de reincorporación continúa siendo una trágica constante en Colombia. Un informe sobre la situación de derechos humanos correspondiente a abril de 2025, y que refleja una tendencia preocupante que persiste en mayo, detalla múltiples asesinatos en departamentos como Santander, Norte de Santander y Meta, evidenciando los enormes desafíos para la seguridad y la consolidación de la paz en el país.
La esperanza de una paz duradera en Colombia se ve continuamente amenazada por la persistente violencia contra aquellos que trabajan por la transformación social y la implementación de los acuerdos. Según un informe de derechos humanos que cubre el mes de abril de 2025, la situación sigue siendo crítica, con un goteo incesante de asesinatos de líderes sociales, sindicalistas y firmantes del acuerdo de paz con las FARC. Estos hechos, ocurridos en diversas regiones del país, subrayan la fragilidad de la seguridad y la urgencia de medidas efectivas por parte del Estado.
Casos Emblemáticos de una Crisis Continua
El informe detalla varios casos que ilustran la gravedad de la situación en abril, una tendencia que lamentablemente se proyecta sobre mayo. Entre las víctimas se encuentran:
* Hemerson Reinel Pérez: Líder comunitario y exconcejal del municipio de Puerto Wilches, Santander, asesinado el 3 de abril.
* Gumer Vargas: Activista rural ultimado el 4 de abril en Tibú, Norte de Santander, una región con alta presencia de grupos armados y economías ilícitas. Su hermano fue reportado como desaparecido.
* Richardini Ochoa Linares: Docente y sindicalista afiliado a la Asociación de Educadores del Meta (ADEM-FECODE), asesinado el 11 de abril en Villavicencio, Meta. Con él, ya eran cinco los maestros afiliados a FECODE asesinados en 2025.
* Walberto Quintero Medina: Miembro del sindicato de trabajadores de la industria alimentaria SINALTRAINAL, asesinado pocos días después de participar en la asamblea nacional de su organización.
* Glover Arley Hernández Benavides: Trabajador de seguridad y sindicalista, también entre los asesinados.
Escalada Alarmante Contra Excombatientes de las FARC
Un dato particularmente preocupante del informe es la «escalada alarmante» de la violencia contra los excombatientes de las FARC en proceso de reincorporación. Para abril de 2025, ya se había registrado más de la mitad del número total de asesinatos de firmantes de paz ocurridos en todo el año 2024. Este drástico aumento no solo representa una tragedia humana, sino que socava severamente la credibilidad y sostenibilidad del proceso de paz. La falta de garantías de seguridad para quienes dejaron las armas desincentiva la desmovilización de otros grupos armados y podría alimentar ciclos de violencia y retaliación, poniendo en jaque la política de «Paz Total» del actual gobierno.
«La violencia contra los exmiembros de las FARC ha escalado alarmantemente, viendo ya en 2025 más de la mitad del total de asesinatos de todo 2024.» – Conclusión del informe de DDHH de abril de 2025.
Un Patrón Sistemático de Silenciamiento
La diversidad de perfiles de las víctimas –líderes comunitarios, concejales, activistas rurales, sindicalistas de sectores como la educación y la alimentación, y excombatientes– sugiere un esfuerzo sistemático por parte de grupos armados ilegales u otros intereses poderosos para silenciar voces disidentes, controlar territorios y desarticular la organización social. Esta violencia va más allá de la delincuencia común y apunta a una estrategia para mantener el statu quo en regiones donde predominan las economías ilícitas y donde la presencia efectiva del Estado es débil. Este fenómeno de «reducción del espacio cívico» es un obstáculo fundamental para cualquier esfuerzo de paz y desarrollo alternativo.
La situación exige una respuesta contundente del Estado colombiano, que incluya no solo la protección efectiva de los líderes y comunidades en riesgo, sino también investigaciones exhaustivas para llevar a los responsables ante la justicia y el desmantelamiento de las estructuras criminales que perpetúan esta violencia. Los avances en la política de «Paz Total» y en la transformación de los territorios más afectados por el conflicto dependen críticamente de la capacidad del Estado para garantizar la vida y la seguridad de todos sus ciudadanos.
Exige justicia y protección para los líderes sociales y firmantes de paz en Colombia. Tu voz cuenta.
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