Guatemala ha dado un paso decisivo en su lucha contra el crimen organizado con la entrada en vigor de la Ley Antipandillas, una normativa que declara a las maras Barrio 18 y Mara Salvatrucha (MS-13) como organizaciones terroristas y transnacionales. El presidente Bernardo Arévalo anunció la medida durante su conferencia de prensa semanal, destacando que esta legislación marca un nuevo capítulo en la seguridad nacional.
“Con esta nueva ley tenemos en nuestras manos una herramienta que nos permitirá actuar con mayor fuerza contra estos criminales. Estamos trabajando arduamente para garantizar la paz y tranquilidad de las familias guatemaltecas”, afirmó el mandatario.
La aprobación llega tras un periodo de alta tensión provocado por la fuga de 20 cabecillas del Barrio 18, ocurrida en octubre pasado, lo que evidenció las fallas estructurales del sistema penitenciario y la persistente amenaza que representan las pandillas en el país centroamericano.
Un marco legal más severo contra las pandillas
La normativa, denominada oficialmente “Ley para el Combate Frontal de los Grupos Delictivos u Organizaciones Criminales Transnacionales y Terroristas Denominados Maras o Pandillas”, fue promulgada mediante el Decreto 11-2025.
El texto refuerza el marco penal y operativo del Estado para perseguir con mayor eficacia los delitos cometidos por estas estructuras, que durante décadas han dominado barrios enteros mediante la extorsión, el sicariato y el reclutamiento forzoso de menores.
El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, destacó que la ley establece un enfoque integral de seguridad, fortaleciendo tanto las capacidades de investigación como las sanciones judiciales:
“Esta legislación fortalece el marco penal y operativo del Estado para proteger la vida, la libertad y la paz de la ciudadanía.”
Entre los puntos más destacados se encuentran:
- Aumento de penas para delitos asociados a las pandillas, como extorsión, trata de personas y obstrucción del tráfico.
- Prohibición de medidas sustitutivas (como libertad bajo fianza) para delitos graves relacionados con maras.
- Bloqueo e inmovilización de cuentas bancarias de integrantes o colaboradores.
- Prohibición del uso de celulares y dinero en exceso dentro de las cárceles, con el fin de cortar la comunicación entre los líderes encarcelados y las estructuras criminales activas.
Pandillas bajo la figura de terrorismo
Uno de los aspectos más trascendentes de la Ley Antipandillas es la declaración de las maras como organizaciones terroristas, lo que permite a las autoridades guatemaltecas utilizar instrumentos legales internacionales y coordinar acciones con otros países para combatirlas.
De acuerdo con el presidente Arévalo, esta medida responde a la naturaleza transnacional de los grupos, que operan más allá de las fronteras de Guatemala, con presencia y vínculos en países como El Salvador, Honduras, México y Estados Unidos.
“Durante demasiados años las pandillas han sembrado miedo en los barrios, destruido comunidades, arrebatado vidas y limitado los sueños de generaciones enteras”, afirmó Arévalo.
Esta categorización como terrorismo implica que cualquier colaboración con las maras podrá ser juzgada con penas mucho más severas, incluso si se trata de apoyo logístico, financiero o encubrimiento.
Contexto regional y medidas complementarias
La implementación de esta ley también se interpreta como un intento de alinear a Guatemala con las políticas de seguridad de El Salvador, país que bajo el gobierno de Nayib Bukele ha logrado debilitar significativamente la estructura de las pandillas mediante un régimen de excepción y detenciones masivas.
Sin embargo, el gobierno guatemalteco ha enfatizado que su enfoque busca respetar los derechos humanos, al tiempo que no cede terreno frente a la criminalidad.
Además, el Ministerio de Gobernación anunció operativos simultáneos en zonas de alta incidencia delictiva, como los departamentos de Guatemala, Escuintla y Chiquimula, donde las maras mantienen presencia activa.
La estrategia también contempla reforzar la vigilancia en cárceles, implementar tecnología de bloqueo de señal móvil y aumentar el número de unidades de inteligencia e investigación financiera dedicadas a rastrear los flujos económicos de las estructuras criminales.
Un desafío a largo plazo para la seguridad de Guatemala
Con la entrada en vigor de la Ley Antipandillas, el gobierno de Bernardo Arévalo busca recuperar el control de los territorios y restablecer la confianza ciudadana frente a una amenaza que ha dejado miles de víctimas en las últimas décadas.
No obstante, analistas advierten que el éxito de la medida dependerá de su implementación efectiva, del fortalecimiento institucional del sistema judicial y de la cooperación internacional para enfrentar una red delictiva que trasciende fronteras.
Mientras tanto, las autoridades guatemaltecas aseguran que la nueva ley representa una promesa firme de seguridad y justicia para las familias afectadas por la violencia de las pandillas.
“Con esta ley, enviamos un mensaje claro: el Estado guatemalteco no tolerará más la impunidad ni el terror en nuestras calles”, concluyó Arévalo.
