Fiscalía guatemalteca solicita retirar inmunidad al presidente Bernardo Arévalo
La tensión política en Guatemala volvió a escalar este miércoles luego de que el Ministerio Público solicitara formalmente a la Corte Suprema de Justicia retirar la inmunidad del presidente Bernardo Arévalo. La petición tiene como objetivo investigarlo por presunto incumplimiento de deberes tras la fuga de 20 líderes de la pandilla Barrio 18 de una cárcel de máxima seguridad.
El caso ha provocado una fuerte reacción dentro del país, marcando un nuevo episodio de confrontación entre el Ejecutivo y la Fiscalía, que ya había intentado abrir investigaciones contra el mandatario por otras causas aún pendientes de resolución judicial.
La fuga que sacudió al gobierno de Arévalo
El 12 de octubre, el gobierno guatemalteco confirmó la evasión de 20 integrantes de la temida pandilla Barrio 18, calificada como organización terrorista por Estados Unidos y Guatemala. Los presos escaparon del penal Fraijanes II, un centro penitenciario cercano a la capital.
La magnitud del hecho obligó al presidente Arévalo a destituir a todo su gabinete de seguridad, incluyendo al ministro de Gobernación y al director del Sistema Penitenciario, en un intento por frenar la crisis y mostrar control ante la opinión pública. Sin embargo, la oposición lo acusa de actuar con demora y negligencia frente a las advertencias de posibles riesgos dentro del penal.
Fiscalía acusa incumplimiento de deberes
En su comunicado, la Fiscalía explicó que la solicitud de retiro de inmunidad se basa en una posible omisión de responsabilidades del jefe de Estado. Según el Ministerio Público, Arévalo habría incurrido en “incumplimiento de deberes” al no garantizar la supervisión adecuada sobre las instituciones de seguridad penitenciaria, lo que permitió la fuga masiva de los reclusos.
El órgano acusador sostuvo que la evasión demuestra “una falla estructural y una ausencia de acción por parte del Ejecutivo ante los reiterados avisos sobre la vulnerabilidad en el penal de Fraijanes II”.
Reacciones políticas y sociales ante la solicitud
La petición del Ministerio Público ha dividido a la clase política y a la ciudadanía. Los seguidores del presidente consideran el acto una represalia política que busca debilitar su mandato, mientras que sectores conservadores lo ven como una oportunidad para exigir rendición de cuentas.
Analistas políticos advierten que esta nueva ofensiva legal podría representar un punto de quiebre para la joven administración de Arévalo, que llegó al poder con un discurso anticorrupción y de fortalecimiento democrático.
El silencio del mandatario y la estrategia del gobierno
Aunque Bernardo Arévalo no ha emitido declaraciones públicas sobre esta solicitud, su equipo de comunicación señaló que el gobierno mantiene “plena disposición para colaborar con las instituciones”, pero lamentó el uso político de la justicia para intentar frenar reformas democráticas.
Desde su toma de posesión, el presidente ha enfrentado una constante resistencia institucional, especialmente por parte del Ministerio Público y actores del sistema judicial tradicional. La tensión entre poderes se ha convertido en una marca de su gestión.
Una crisis que pone a prueba la democracia guatemalteca
El conflicto entre la Fiscalía y el Ejecutivo se suma a una serie de episodios que han puesto en duda la independencia de los poderes del Estado. Mientras la Fiscalía sostiene que actúa conforme a derecho, organizaciones internacionales alertan sobre un uso político del sistema judicial para perseguir a figuras que representan una amenaza al statu quo.
La fuga de los cabecillas del Barrio 18 no solo evidenció la debilidad del sistema penitenciario, sino también la vulnerabilidad institucional frente al poder de las pandillas. En las calles, la sensación de inseguridad crece, al igual que la desconfianza hacia las autoridades.
Lo que sigue para Bernardo Arévalo y Guatemala
La Corte Suprema deberá resolver si acepta la solicitud de la Fiscalía y abre la puerta a una investigación formal contra el presidente. De aprobarse, el país podría enfrentar una crisis política de gran magnitud, con consecuencias impredecibles para la gobernabilidad y la estabilidad democrática.
Mientras tanto, la población observa con preocupación el desarrollo de los acontecimientos, conscientes de que la resolución marcará el rumbo de Guatemala en los próximos meses, en un contexto donde la seguridad, la justicia y la confianza en las instituciones están en juego.
