La reciente filtración de documentos financieros atribuye a GAESA, el conglomerado empresarial vinculado a los militares cubanos, activos líquidos por más de 18.000 millones de dólares, revelando un circuito de poder económico opaco y concentrado mientras el país enfrenta una crisis social profunda.

Estos papeles, verificados por el Miami Herald, muestran depósitos y disponibilidades que superan los 14.000 millones de dólares a marzo de 2024, además de detallar empresas y operaciones antes desconocidas para el público, dando una radiografía inédita de esta estructura que maneja sectores clave como turismo, comercio minorista, remesas y servicios esenciales sin rendir cuentas.

GAESA: una oligarquía cleptocrática que controla la economía cubana

El general cubano Rafael del Pino, exalto oficial y crítico del régimen, define a GAESA como la pieza central de una élite “cleptocrática” que ha instalado “un estado mafioso” dentro del Estado formal. Según Del Pino, esta oligarquía controla los nombramientos civiles y militares, captura los principales recursos económicos y se desentiende por completo del bienestar social de la población.

Esta corporación no está bajo control total de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), sino que opera mediante empresas registradas en paraísos fiscales y sociedades anónimas en Panamá, resguardada por la Contrainteligencia Militar, lo que asegura su opacidad y blindaje ante auditorías externas.

El brutal contraste social en Cuba

Mientras GAESA acumula miles de millones en activos líquidos, la mayoría de la población cubana sufre condiciones extremas. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos reporta que en 2024 el 89% de las familias vive en pobreza extrema, y siete de cada diez personas han dejado de consumir comidas básicas por falta de dinero o alimentos.

Este abismo entre la élite y la ciudadanía evidencia una crisis humanitaria agravada por la falta de transparencia y control sobre los recursos económicos nacionales.

Impacto y consecuencias internacionales

GAESA es una pieza clave en la dinámica económica y política de Cuba, operando sin balances públicos verificables y con sectores neurálgicos bajo su dominio. En el plano internacional, la Ley Helms-Burton de Estados Unidos establece condiciones para reconocer una transición democrática en Cuba, incluyendo la liberación de presos políticos y elecciones libres.

Desde 2019, el Título III de esta ley está activado, permitiendo demandas contra quienes hagan negocios con propiedades confiscadas desde 1959. En julio de 2025, el Departamento de Estado actualizó la “Cuba Restricted List”, vetando a entidades vinculadas a GAESA para transacciones internacionales, lo que aumenta la presión sobre este conglomerado.

Propuestas para enfrentar la concentración de poder

Rafael del Pino propone una solución radical para enfrentar el problema: nacionalizar, intervenir, confiscar, auditar y disolver GAESA, buscando desmontar esta oligarquía que controla la economía sin rendición de cuentas ni control ciudadano.

El desafío es mayúsculo y está en el centro de la discusión sobre el futuro político y económico de Cuba, en un contexto donde la crisis social y económica se profundiza mientras el poder militar empresarial mantiene un control férreo sobre los recursos del país.