El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, fue condenado este martes a 12 años de prisión domiciliaria por los delitos de fraude procesal y soborno a testigos, caso que ha marcado la historia reciente del país sudamericano.
La decisión fue dictada por un juez penal de Bogotá, tras considerar que Uribe incurrió en maniobras para manipular testigos a su favor durante un proceso en el que se le investigaba por presuntos vínculos con grupos paramilitares.
El origen del caso de Álvaro Uribe
Todo comenzó en 2012, cuando Uribe denunció al senador Iván Cepeda por presunta manipulación de testigos. Sin embargo, la Corte Suprema determinó que quien había intentado alterar declaraciones fue el propio Uribe, lo que revirtió completamente el curso del caso.
El proceso dio un giro en 2020, cuando el expresidente renunció a su escaño en el Senado para que su caso pasara del ámbito de la Corte Suprema a la justicia ordinaria. Desde entonces, múltiples evidencias y testimonios reforzaron las acusaciones en su contra.
¿Qué significa la sentencia?
Aunque no irá a una cárcel común, Uribe deberá cumplir los 12 años en prisión domiciliaria, sin posibilidad de participar en política activa durante ese tiempo, lo que representa un duro golpe para su partido, el Centro Democrático.
La noticia generó reacciones inmediatas. Mientras sus seguidores denuncian una “persecución judicial”, otros sectores celebran la resolución como un acto de justicia y fortalecimiento del Estado de derecho.
Repercusiones políticas en Colombia
La condena llega en un momento complejo para la derecha colombiana. Uribe, una figura clave del uribismo y aun con gran influencia, enfrenta así su mayor revés legal. Expertos creen que este fallo puede reconfigurar el mapa político del país y debilitar a sus aliados de cara a futuras elecciones.
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