La Audiencia Nacional de España abrió una investigación histórica contra José Antonio Jainaga Gómez, presidente de Sidenor, por la venta de acero a Israel sin la autorización requerida por el gobierno español. El caso ha generado un impacto internacional al relacionar la operación con presunta complicidad en delitos de lesa humanidad y genocidio en Gaza.
Según el juez encargado del caso, Francisco de Jorge, la operación fue firmada por Jainaga y otros dos directivos de la compañía y destinada a Israel Military Industries (IMSI), conocida por fabricar armamento que se utilizó en el conflicto de Gaza. La investigación se sustenta en que los empresarios españoles actuaron con pleno conocimiento del destino del acero y su uso bélico.
Contrabando y delitos de lesa humanidad
La venta se habría realizado sin cumplir los requisitos legales españoles, que exigen autorización gubernamental y registro oficial para el comercio de materiales estratégicos. Esto implica un presunto delito de contrabando bajo la Ley Orgánica de Represión del Contrabando, así como participación por complicidad en genocidio o delitos de lesa humanidad, según los artículos 29, 607 y 607 bis del Código Penal español.
El caso surgió tras una querella presentada por la Asociación Comunitat Palestina de Catalunya-Terra Santa y se considera pionero, pues sería la primera investigación en España contra una empresa por complicidad en genocidio vinculada a acuerdos con la industria bélica israelí.
Empresas involucradas y seguimiento legal
Además de Jainaga, el magistrado señala la responsabilidad de la sociedad Clerbil SL, administradora única de Sidenor Holdings Europa, mientras que Sidenor Aceros Especiales SLU no se considera investigada por su contribución activa a impedir la actividad presuntamente delictiva.
Los investigados fueron citados a declarar el 12 de noviembre, y el juez levantó el secreto de las actuaciones para garantizar la transparencia del proceso. La investigación cuenta con respaldo de documentación y reportes internacionales, incluidos los informes de la ONU y el Tribunal Penal Internacional, que califican los hechos en Gaza como delitos de lesa humanidad y genocidio.
Repercusiones en la industria y la política
Este caso coloca a España en el centro del debate internacional sobre la exportación de acero y materiales estratégicos con fines bélicos, cuestionando la responsabilidad empresarial frente a conflictos internacionales. Además, se abre un precedente para regular la venta de acero y metales industriales a compañías vinculadas a conflictos armados, fortaleciendo el marco legal de control y fiscalización.
El gobierno español, presidido por Pedro Sánchez, impulsa leyes de embargo de armas hacia Israel, y este caso podría intensificar la supervisión sobre empresas del sector siderúrgico.
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