Una grave denuncia sacude los cimientos de la administración de São Paulo, Brasil. La diputada Ediane Maria (PSOL) ha levantado la voz contra lo que describe como una «limpieza social» y un proceso de «gentrificación encubierta» en el centro de la ciudad, impulsado por el gobierno estatal de Tarcísio de Freitas. Se acusa a las autoridades de desplazar forzosamente a personas usuarias de drogas y residentes de favelas, sin ofrecer alternativas de atención, para dar paso a proyectos de desarrollo urbano, lo que ha encendido las alarmas sobre violaciones de derechos humanos.
El corazón de São Paulo, la mayor metrópoli de Sudamérica, es escenario de una creciente tensión social y política. La diputada provincial Ediane Maria ha formalizado una propuesta para crear una Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) en la Legislatura del Estado de São Paulo. El objetivo: investigar a fondo las acciones del gobierno estatal en la tristemente célebre zona de Cracolândia y áreas aledañas, donde se concentran personas con consumo problemático de drogas y otras poblaciones vulnerables.
Las Denuncias: «Limpieza Social» y Desplazamiento Forzado
Las acusaciones son contundentes. Se denuncia el uso excesivo de la fuerza policial, el desplazamiento forzado de usuarios de drogas y una «limpieza social» que parece estar coordinada con planes de reurbanización y el traslado de la sede del gobierno paulista a la región de Campos Elíseos. Este último proyecto, anunciado por el gobernador Tarcísio de Freitas (Republicanos), es visto por los críticos como un catalizador de estas acciones represivas.
Según la diputada Maria, la dispersión de los usuarios de drogas de su foco tradicional en Cracolândia y los intentos de desalojo de la Favela do Moinho, la última favela en el centro de la ciudad, no son hechos aislados. «Ambas situaciones, la diseminación del flujo de Cracolândia que causa caos en la región y pone en peligro la vida de las personas, y la violencia policial ejercida en la Favela do Moinho, no están sucediendo por casualidad», afirmó Ediane Maria, sugiriendo una estrategia deliberada de gentrificación.
El vaciamiento del principal punto de concentración de usuarios de drogas se produjo sin ningún anuncio oficial sobre un cambio en la política pública y, crucialmente, sin la presentación de alternativas de atención o cuidado para las personas con consumos problemáticos. Esta falta de un enfoque social y de salud agrava la situación de estas personas, que simplemente son desplazadas a otras áreas, incluyendo municipios vecinos.
El Problema se Traslada
Municipios metropolitanos como Guarulhos y Diadema ya han reportado con preocupación la llegada de personas con consumo problemático de drogas, presuntamente transferidas y abandonadas desde el centro de São Paulo. El Padre Júlio Lancellotti, conocido defensor de los derechos humanos, también denunció la presencia de estas personas en condiciones precarias en barrios de Guarulhos. Esto evidencia que el problema no se soluciona, sino que se fragmenta y se exporta a otras localidades, a menudo con menos recursos para afrontarlo.
El gobernador Tarcísio de Freitas, por su parte, ha defendido sus acciones con firmeza. En una publicación en redes sociales, afirmó: «Estamos haciendo lo que nunca se hizo, lo que nadie tuvo el coraje de hacer. Por lo tanto, reafirmo mi compromiso: Cracolândia va a desaparecer». Al día siguiente de esta declaración, la Rua dos Protestantes, epicentro de Cracolândia, amaneció vacía.
«Desde que Tarcísio anunció el cambio de la sede del Palacio, se ha puesto en marcha una operación de limpieza social que, a su vez, fomentará la gentrificación del lugar.»
— Diputada Ediane Maria (PSOL)
La propuesta de CPI busca esclarecer estas denuncias, citar a autoridades y elaborar un informe sobre los efectos de las acciones del Estado. El caso expone un conflicto recurrente en las grandes urbes: el choque entre los planes de desarrollo urbano y la valorización inmobiliaria, y los derechos humanos de las poblaciones más vulnerables. La estrategia de «securitización» de problemas sociales como la drogodependencia y la pobreza extrema, tratándolos principalmente como un asunto de orden público y represión policial en lugar de una cuestión de salud pública y derechos sociales, es una tendencia preocupante que raramente ofrece soluciones sostenibles y puede, de hecho, profundizar la segregación espacial y la desigualdad urbana.
La comunidad y las organizaciones de derechos humanos esperan que la CPI, de concretarse, pueda arrojar luz sobre estas prácticas y exigir responsabilidad a las autoridades.
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