El escándalo por los sobreprecios de la electricidad en Chile se ha intensificado tras revelarse que, además de las generadoras eléctricas, las empresas transmisoras también cobraron indebidamente alrededor de 115 millones de dólares entre 2020 y 2024. Esta situación se suma a los más de 200 millones de dólares que las compañías generadoras facturaron de manera excesiva desde 2017.

Según el biministro de Economía y Energía, Álvaro García, la responsabilidad recae en la Comisión Nacional de Energía (CNE), que calculó incorrectamente las tarifas aplicando dos veces la variación de la inflación, lo que provocó que los usuarios pagaran precios más altos de lo debido.

Empresas transmisoras detectan y reportan errores

A diferencia de las generadoras, las compañías de transmisión eléctrica informaron de manera voluntaria y oportuna sobre los cobros excesivos a la CNE, al Ministerio de Energía y al Coordinador Eléctrico Nacional, con el objetivo de corregir los montos facturados. Sin embargo, las autoridades no tomaron medidas inmediatas, permitiendo que los cobros indebidos continuaran durante varios años.

“El hecho de que las empresas hayan informado del cobro adicional refleja un compromiso moral, y esperamos que devuelvan lo cobrado de manera indebida”, enfatizó García, subrayando que el reintegro podría aplicarse como descuento en las cuentas de enero de 2026, aunque parlamentarios presionan por una “ley corta” que acelere el proceso.

Falencias en el sistema eléctrico y cortes de suministro

Las deficiencias del sistema se han hecho visibles recientemente, con cortes masivos de electricidad en Santiago que afectaron a 850 mil usuarios por seis horas, apenas unos días atrás.

En eventos previos, como el 25 de febrero, una falla en una línea de transmisión dejó sin electricidad al 95% del país, con reposición que tomó hasta 24 horas. Además, un temporal de viento y lluvia en agosto de 2024 dejó a barrios completos sin energía hasta dos semanas.

Estos incidentes han generado dudas sobre la eficiencia de la privatización del mercado eléctrico, que desde la dictadura de Pinochet ha permanecido en manos privadas, con empresas nacionales y extranjeras con integración vertical en generación, transmisión y distribución.

Debate sobre el rol del Estado y responsabilidad política

A raíz de las fallas, el entonces ministro de Energía, Diego Pardow, planteó la posibilidad de que el Estado asumiera el control de la distribución eléctrica, aunque la propuesta quedó en suspenso. Posteriormente, Pardow fue destituido por su responsabilidad política, mientras la oposición busca un juicio constitucional para inhabilitarlo, en medio de la cercanía de las elecciones presidenciales y legislativas del 16 de noviembre.

El escándalo ha desatado críticas hacia el oficialismo, señalando la falta de supervisión efectiva de la CNE y la demora en la restitución de los montos cobrados de manera indebida a los usuarios.

El escándalo de los sobreprecios de electricidad en Chile evidencia la vulnerabilidad del sistema eléctrico privatizado frente a errores regulatorios y prácticas abusivas de las empresas. La duplicidad en la aplicación de la inflación por parte de la CNE y la tardanza en los reintegros afectan directamente a millones de consumidores.

Mientras el gobierno propone compensar a los usuarios con descuentos futuros, parlamentarios y la sociedad demandan acciones inmediatas y reformas estructurales que garanticen transparencia, eficiencia y protección de los derechos de los consumidores, con el objetivo de evitar que situaciones similares se repitan en el futuro.

El caso chileno resalta la necesidad de una mayor supervisión estatal, así como de mecanismos de control más efectivos en un mercado energético donde predominan intereses privados, nacionales y extranjeros, y donde la seguridad del suministro eléctrico es vital para millones de familias y la economía del país.