Enfrentamientos en El Tarra: comunidades atrapadas entre dos grupos armados

Los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las FARC en la región del Catatumbo, al noreste de Colombia, han dejado al menos siete personas muertas y un nuevo ciclo de desplazamientos forzados que vuelve a poner a la población civil en el centro del conflicto. La lucha por el control territorial y económico —especialmente por los cultivos ilícitos— ha convertido al municipio de El Tarra en el epicentro de la violencia más reciente, según reportes de medios locales como Caracol Radio.

Esta zona, históricamente golpeada por la presencia de diferentes grupos armados ilegales, vive ahora otra confrontación que revive el trauma del estallido de violencia ocurrido hace apenas un año, cuando más de 70.000 habitantes tuvieron que abandonar sus hogares para huir del fuego cruzado. La tensión no solo se ha reactivado, sino que amenaza con prolongarse debido a las disputas por el dominio de rutas estratégicas y territorios clave para la economía ilegal.

Una región estratégica marcada por el conflicto

El Catatumbo, fronterizo con Venezuela, es una de las regiones más conflictivas de Colombia debido a sus características geográficas, su bajo nivel de presencia estatal y la fuerte influencia de economías ilícitas. La zona concentra algunos de los cultivos de coca más extensos del país, lo que la convierte en un objetivo prioritario para grupos como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias del frente 33 de las FARC, que buscan controlar tanto la producción como las rutas de transporte.

Este choque armado refleja la complejidad del escenario: por un lado, el ELN mantiene presencia histórica en Catatumbo y, por otro, las disidencias del antiguo grupo guerrillero han retomado fuerza en un intento por recuperar territorios perdidos tras el proceso de paz firmado en 2016. La disputa por el control ha derivado en episodios de extrema violencia que afectan directamente a la población rural, que vive entre amenazas, desplazamientos y un temor constante.

Reacción del Gobierno: estado de conmoción interior

Ante el agravamiento de la situación, el presidente Gustavo Petro decretó el estado de conmoción interior, una medida excepcional que busca proporcionar herramientas adicionales para enfrentar la crisis de seguridad. Esta decisión pretende reforzar la presencia militar y policial en la región, mejorar los mecanismos de protección para la ciudadanía y aumentar la capacidad del Estado para intervenir en áreas de difícil acceso.

El gobierno también ha intensificado los programas de sustitución de cultivos ilícitos, impulsando a las comunidades a cambiar la siembra de coca por proyectos agrícolas legales mediante subsidios y acompañamiento técnico. La meta oficial es lograr la erradicación de aproximadamente 25.000 hectáreas de cultivos ilegales, una tarea compleja debido a la resistencia de los grupos armados que dependen de esta actividad económica.

Consecuencias sociales: desplazamientos y crisis humanitaria

La población civil vuelve a ser la más afectada. Los recientes combates han generado nuevos desplazamientos masivos, con familias enteras que abandonan sus hogares para resguardarse en zonas más seguras o buscar refugio en municipios vecinos. Las escuelas, centros comunitarios y viviendas improvisadas se han convertido nuevamente en albergues temporales, mientras las autoridades locales intentan brindar atención básica entre serias limitaciones de recursos.

Las organizaciones humanitarias han advertido sobre la dificultad de ingresar a las zonas afectadas debido a las constantes amenazas y al control territorial de los grupos armados. Esto ha limitado las labores de asistencia, dejando a miles de personas en condiciones de vulnerabilidad extrema, sin acceso pleno a alimentos, agua potable, atención médica ni oportunidades económicas.

Implicaciones políticas: ruptura del diálogo con el ELN

Los enfrentamientos no solo tienen un impacto humanitario y de seguridad, sino también político. Las hostilidades fueron el detonante que llevó al presidente Petro a suspender las negociaciones de paz con el ELN, un proceso que buscaba cimentar un nuevo escenario de diálogo y reintegración. Con la ruptura, el panorama se vuelve aún más incierto, ya que las acciones violentas del grupo guerrillero contradicen las condiciones para mantener una mesa de negociación activa.

El futuro del proceso de paz dependerá de la evolución del conflicto en Catatumbo y de la capacidad del gobierno para estabilizar la región. Sin una reducción de la violencia ni un compromiso verificable por parte del ELN, es poco probable que las conversaciones puedan reanudarse en el corto plazo.

El recrudecimiento del conflicto entre el ELN y las disidencias de las FARC en el Catatumbo evidencia que la violencia sigue profundamente arraigada en algunas regiones de Colombia. La combinación de intereses económicos ilícitos, ausencia estatal y tensiones políticas crea un escenario crítico que requiere atención urgente. Mientras el gobierno intenta recuperar el control mediante medidas excepcionales y programas de sustitución de cultivos, las comunidades siguen soportando el peso de los enfrentamientos. La paz, en esta región, continúa siendo un objetivo lejano, frágil y lleno de desafíos.