En marzo de 2025, documentos judiciales revelaron que Estados Unidos acordó pagar 4.76 millones de dólares a El Salvador a cambio de recibir a más de 200 migrantes deportados, principalmente venezolanos. El pacto, firmado durante las administraciones de Donald Trump y Nayib Bukele, especifica que los recursos se destinarán exclusivamente a apoyo penitenciario y logístico.
Restricciones estrictas sobre el uso de los fondos
El acuerdo prohíbe que los fondos se usen para:
- Brindar asesoría legal a migrantes que soliciten asilo.
- Referir a los migrantes a abogados en EU.
- Financiar actividades de salud reproductiva o apoyar a UNRWA, la agencia de la ONU para refugiados palestinos.
Estas restricciones han generado críticas de organizaciones de derechos humanos, que señalan la falta de garantías para la protección de migrantes en CECOT, un centro de detención notorio por denuncias de abusos.
Controversias y denuncias sobre CECOT
Según Democracy Forward, organización de derechos civiles, el acuerdo no asegura protección frente a tortura o confinamiento indefinido. Skye Perryman, presidenta de la organización, destacó que la administración Trump-Vance priorizó evitar que los fondos se usaran en apoyo legal o sanitario, mientras migrantes enfrentan condiciones precarias.
Deportaciones bajo la Ley de Enemigos Extranjeros
En marzo, más de 200 venezolanos fueron deportados a El Salvador bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, a pesar de órdenes judiciales que impedían el traslado. Entre ellos, el salvadoreño Kilmar Ábrego García, símbolo de la lucha contra políticas antiinmigratorias, fue erróneamente deportado.
Implicaciones legales y posible fallo de la Corte Suprema
Un tribunal federal de apelaciones dictaminó el 3 de septiembre que Trump no puede usar esta ley para acelerar deportaciones, lo que abre la puerta a un posible fallo de la Corte Suprema, con impacto en futuras políticas migratorias.
Impacto humanitario y diplomático
El acuerdo confirma tensiones entre la protección de derechos humanos y las estrategias de control migratorio. La resolución de disputas será exclusivamente diplomática, sin crear obligaciones bajo derecho internacional, según el documento del Departamento de Estado estadounidense.
