Un ataque que dejó 13 policías muertos
El conflicto armado en Colombia ha dado un nuevo giro con el uso de drones acondicionados con explosivos por parte de grupos ilegales. El último episodio ocurrió en Amalfi, Antioquia, donde un helicóptero de la Policía fue atacado durante un operativo de erradicación de coca, dejando 13 uniformados muertos y al menos tres heridos.
De acuerdo con el mayor general Carlos Fernando Triana, director de la Policía, los responsables serían disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) al mando de alias “Calarcá”. Aunque no se confirmó que un dron fuera el causante directo del derribo de la aeronave, las autoridades aseguraron que en la ofensiva se emplearon explosivos lanzados desde drones y artefactos artesanales.
El hecho no es aislado: un día antes, en Cali, las mismas disidencias fueron responsabilizadas por un carro bomba que mató a seis civiles e hirió a más de 70 personas. Estos ataques demuestran la alta capacidad letal de estos grupos en un contexto donde la política de paz del gobierno de Gustavo Petro enfrenta múltiples obstáculos.
Drones: la nueva cara del conflicto armado
Los drones convertidos en armas han transformado la dinámica del conflicto en Colombia. Lo que en principio eran equipos comerciales usados para fotografía o monitoreo, ahora son modificados para lanzar explosivos artesanales, vigilar movimientos militares y facilitar el tráfico de drogas.
La analista Elizabeth Dickinson, del International Crisis Group, advierte que “todos los grupos ilegales utilizan drones y la fuerza pública no cuenta con suficientes sistemas para contrarrestarlos, debido a sus altos costos y a la dificultad de cubrir todas las zonas de riesgo”.
En cifras oficiales, los ataques con drones se han disparado: en 2024 se registraron 108 incidentes, mientras que en lo corrido de 2025 ya suman 118 ataques, con saldo de nueve militares muertos y 83 heridos, sin contar a los civiles afectados.
Víctimas civiles en medio del fuego cruzado
El uso indiscriminado de esta tecnología ha tenido consecuencias devastadoras para la población civil. En 2024, un niño de 10 años murió en El Plateado, Cauca, tras la explosión de un dron mientras jugaba fútbol en una cancha.
Expertos como Dickinson señalan que los drones empleados por grupos armados no son sofisticados: “no tienen precisión ni control avanzado; los explosivos se detonan de forma azarosa, lo que incrementa el riesgo para comunidades enteras”.
Esto convierte a los drones en un arma de alto impacto psicológico, que genera miedo y vulnerabilidad en poblaciones rurales donde operan estructuras armadas vinculadas al narcotráfico.
La respuesta del Estado: sistemas anti-drones y desarrollo militar
Ante la creciente amenaza, el gobierno colombiano busca implementar un plan nacional anti-drones para proteger instalaciones militares, redes de energía y centros poblados. La iniciativa busca impedir ataques a gran escala y minimizar el riesgo para tropas y civiles.
Paralelamente, el Ejército trabaja en el desarrollo de drones de reconocimiento y ataque diseñados en Colombia, con el fin de equilibrar la balanza tecnológica frente a los grupos ilegales.
No obstante, expertos señalan que el reto es complejo: mientras el Estado avanza en sistemas costosos y de largo plazo, los grupos armados logran resultados inmediatos con drones comerciales baratos adaptados artesanalmente.
El trasfondo político y electoral
El aumento de la violencia con drones ocurre en un momento clave: el gobierno de Gustavo Petro atraviesa un desgaste en su política de “paz total”. Los intentos de diálogo con las disidencias han fracasado, y los recientes ataques demuestran que los grupos ilegales mantienen gran capacidad ofensiva.
El investigador Will Freeman, del Consejo de Relaciones Exteriores, advierte que estos ataques podrían aumentar como “exhibiciones tácticas de violencia” de cara a las elecciones legislativas y presidenciales de 2026, cuando los grupos ilegales buscan demostrar poder territorial e influencia política.
Un desafío para la seguridad nacional
El uso de drones con explosivos por grupos ilegales en Colombia marca un antes y un después en el conflicto armado. Esta tecnología, barata y de fácil acceso, se ha convertido en un arma estratégica que multiplica la capacidad de daño y expone tanto a las fuerzas de seguridad como a la población civil.
El ataque en Antioquia, donde murieron 13 policías, es una muestra del enorme desafío que enfrenta el Estado: diseñar respuestas rápidas y efectivas contra un enemigo que innova con recursos mínimos pero letales.
En este contexto, la seguridad nacional y la protección de comunidades rurales dependerán de la capacidad del país para implementar sistemas de defensa anti-drones, fortalecer su inteligencia militar y, al mismo tiempo, buscar salidas políticas que reduzcan la violencia.
