
Ataque a helicóptero en Antioquia
El jueves, un helicóptero de la policía colombiana fue atacado mientras realizaba operaciones de erradicación de cultivos de hoja de coca en zona rural de Amalfi, Antioquia.
El presidente Gustavo Petro confirmó que ocho policías fallecieron y ocho más resultaron heridos. Inicialmente, se consideró la posible implicación del Clan del Golfo, principal cártel de drogas en Colombia, aunque posteriormente apuntó a las disidencias de las FARC como responsables.
Según el gobernador de Antioquia, Andrés Julián, el helicóptero fue atacado con un dron mientras sobrevolaba áreas sembradas de coca. Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, indicó que la información preliminar sugiere que el ataque generó un incendio a bordo del aparato.
Petro pidió al mundo que considere como organización terrorista a la llamada “junta del narcotráfico”, la cual dirige varias facciones de las disidencias de las FARC y del Clan del Golfo.
Explosión en Cali deja víctimas civiles y militares
En paralelo, un vehículo cargado con explosivos detonó cerca de la base aérea Marco Fidel Suárez, en Cali, dejando cinco muertos y 36 heridos, según la Alcaldía.
El presidente Petro señaló a la columna Carlos Patiño, una facción disidente de las FARC, como responsable del ataque, supuestamente en represalia a los operativos militares sostenidos por meses en la región del Cañón del Micay, donde se concentran sembradíos de hoja de coca.
Este hecho marca un recrudecimiento de la violencia en zonas estratégicas para el narcotráfico, que cada año mantiene a Colombia como el principal productor mundial de cocaína, con 253 mil hectáreas sembradas en 2023, según datos de la ONU.
Contexto de violencia y narcotráfico en Colombia
Las disidencias de las FARC no se acogieron al acuerdo de paz firmado en 2016 y continúan operando en varias regiones del país, junto con el Clan del Golfo, que mantiene influencia en Antioquia y otras zonas estratégicas.
El gobierno de Gustavo Petro ha impulsado la política de “paz total”, buscando la negociación con grupos armados ilegales a cambio de beneficios jurídicos. Sin embargo, las facciones disidentes han mostrado resistencia, lo que mantiene alta la tensión y la inseguridad en distintas regiones.
Estos ataques reflejan la complejidad del conflicto armado colombiano, donde las rutas de narcotráfico, el control territorial y la violencia contra fuerzas del Estado y civiles se entrelazan con los esfuerzos de pacificación y la lucha contra los cultivos ilícitos.
Reacciones del gobierno y medidas de seguridad
Tras los ataques, el presidente Petro llamó a reforzar la seguridad en zonas críticas y alertó a la comunidad internacional sobre la presencia de grupos narcoterroristas en Colombia.
El gobierno colombiano mantiene operativos de erradicación de hoja de coca, mientras busca consolidar el diálogo con grupos ilegales y avanzar en la implementación de la política de paz total.
Se prevé que las fuerzas de seguridad intensifiquen la vigilancia aérea y terrestre, reforzando bases militares y áreas estratégicas para contener posibles nuevos ataques en Antioquia, Cali y otras regiones afectadas.
Impacto en la ciudadanía y el país
La violencia registrada el jueves tiene un impacto significativo en la población, la economía y la percepción de seguridad:
- Fallecidos y heridos: al menos 14 muertos y decenas de lesionados en ataques simultáneos.
- Inseguridad y miedo: la población civil se ve afectada por los enfrentamientos y explosiones.
- Desplazamientos y afectaciones económicas: zonas rurales y urbanas enfrentan interrupciones en actividades cotidianas.
- Desafíos para la paz: los ataques dificultan los diálogos de negociación con grupos armados ilegales.
El caso evidencia la complejidad del conflicto armado colombiano y la necesidad de estrategias de seguridad más eficaces y sostenibles.