Un dictamen ha comenzado a resonar en todo el Perú como la chispa de un cambio que muchos consumidores esperaban desde hace años. La historia que hoy toma fuerza nació en una pequeña comisión parlamentaria que, entre debates intensos y testimonios ciudadanos, decidió escuchar el clamor de quienes se sienten vulnerables frente a los altos costos de alimentos y bebidas en eventos masivos. Ese dictamen, aprobado por la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso de Cusco, es ahora el centro de una conversación nacional que pone a los asistentes de espectáculos en el corazón de la discusión legislativa.
El origen de la reforma y el problema que busca solucionar
La idea nace de una realidad cotidiana: miles de personas asisten a conciertos, partidos de fútbol, ferias y festivales donde, más allá de la emoción del evento, enfrentan un mismo obstáculo económico. La comida y el agua dentro de los recintos suelen tener precios muy superiores a los habituales. Esto ha generado una sensación de abuso que se intensificó en los últimos años, detonando el impulso para que la comisión decidiera avanzar con este dictamen que pretende equilibrar los derechos del consumidor con la operación de las empresas organizadoras.
El planteamiento inicial buscaba únicamente generar debate, pero rápidamente el dictamen tomó forma legislativa. Los testimonios, las comparaciones con normativas de otros países y la presión social terminaron moldeando una propuesta compleja, con impacto directo en millones de asistentes a espectáculos de gran aforo.
El contenido central de la iniciativa legislativa
El punto fundamental del dictamen es permitir que los asistentes ingresen a eventos masivos con sus propios snacks y botellas de agua cerradas. Este simple gesto podría representar un ahorro considerable para familias, jóvenes y personas que asisten a múltiples actividades culturales o deportivas. De igual manera, la propuesta incluye medidas complementarias para garantizar que el acceso al agua no sea un lujo, sino un derecho básico.
Pero el alcance del dictamen no se limita solo al tema económico. También introduce obligaciones nuevas para los organizadores de eventos con capacidad superior a 500 personas. Esta cifra incluye prácticamente todos los espectáculos de renombre, y busca garantizar que los asistentes tengan la posibilidad de hidratarse sin depender exclusivamente de proveedores internos.
Los puntos de hidratación gratuita como eje de seguridad
La inclusión de puntos de hidratación gratuita se ha convertido en uno de los elementos más celebrados del dictamen. En un país donde las temperaturas pueden alcanzar niveles extremos, especialmente durante conciertos o festivales al aire libre, este tipo de infraestructura puede prevenir emergencias médicas y mejorar significativamente la experiencia de los asistentes.
El dictamen establece que los recintos deberán colocar bebederos accesibles, con funcionamiento adecuado y señalización visible. Este avance no solo tiene un beneficio económico, sino también sanitario. Consumidores y especialistas han destacado que, en eventos de larga duración, contar con agua disponible es indispensable para evitar golpes de calor o deshidratación.
Obligaciones adicionales que cambiarán la logística de eventos
Otro punto relevante del dictamen es la obligación para los organizadores de proporcionar vasos para quienes utilicen los puntos de hidratación. Esta disposición, aunque técnica, refleja un esfuerzo por garantizar que los consumidores no enfrenten trabas al intentar ejercer los derechos que esta propuesta busca proteger.
Además, el dictamen especifica que todo evento deberá comunicar de manera clara qué productos están permitidos al ingreso, para evitar confusiones y garantizar una experiencia coherente con la nueva normativa.
Posturas encontradas y el argumento de la “libertad de empresa”
A pesar de su creciente popularidad, el dictamen también ha encontrado oposición. Un grupo de legisladores y representantes del sector de entretenimiento aseguran que permitir alimentos externos podría disminuir los ingresos operativos de los recintos. Esta reducción, afirman, podría impactar directamente en los costos de producción y, eventualmente, en el precio final de los boletos.
La oposición sostiene que, si el dictamen se aprueba sin medidas compensatorias, los organizadores podrían enfrentar dificultades financieras importantes. A esto suman la idea de que la venta interna de alimentos es parte del modelo de negocio de muchos eventos, haciendo indispensable un equilibrio entre derechos del consumidor y viabilidad económica.
Una discusión que va más allá de lo económico
Si bien la discusión sobre ingresos y costos es legítima, los defensores del dictamen insisten en que los derechos del consumidor deben tener prioridad. Aseguran que la entrada a un evento no debería traducirse en una experiencia obligada de gastos excesivos. También subrayan que, en países donde normas similares han sido implementadas, el impacto económico para los organizadores ha sido menor al esperado.
Más allá del debate económico, el dictamen también abre un diálogo sobre la dignidad y la libertad de elección dentro de los espacios públicos y privados destinados a espectáculos. En este sentido, miles de ciudadanos consideran que la propuesta representa una modernización necesaria.
Una decisión que podría marcar un precedente internacional
El avance de este dictamen en Perú podría convertirse en un modelo para otros países de la región. El impulso ciudadano, la claridad de objetivos y la voluntad política reflejada en el proceso legislativo demuestran que existen formas de equilibrar intereses comerciales y derechos básicos de consumo.
Analistas del sector advierten que, si el dictamen es aprobado por el Pleno, generará una reconfiguración profunda de la experiencia en conciertos y eventos deportivos. El simple hecho de permitir agua y snacks podría transformar la dinámica entre público y organizadores, creando un ecosistema más transparente y justo.
El camino hacia la votación final
Lo que suceda en las próximas semanas será decisivo. El dictamen ya cuenta con respaldo ciudadano, pero su aprobación dependerá de un equilibrio político delicado. Los debates en el Pleno probablemente estarán marcados por argumentos técnicos, financieros, sanitarios y sociales. Sin embargo, lo que nadie duda es que este dictamen ha abierto una conversación imposible de ignorar.
Sea cual sea el desenlace, la propuesta ya logró algo importante: poner en el centro de la discusión nacional la experiencia, la salud y el derecho de los consumidores que, día a día, llenan recintos en busca de entretenimiento y cultura.
