Comisión del Congreso de Perú aprueba dictamen de ley de amnistía para militares y policías por lucha antiterrorista (1980-2000). Descubre el impacto en los DDHH.
Lima – La Comisión de Constitución del Congreso de Perú aprobó este martes 11 de junio de 2025 un controvertido dictamen de ley que otorga amnistía a militares, policías y miembros de comités de autodefensa por delitos cometidos durante la lucha contra el terrorismo entre 1980 y 2000, desatando un intenso debate sobre justicia y derechos humanos.
Una profunda controversia se ha instalado en el panorama político y social de Perú tras la aprobación en la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso del dictamen de un proyecto de ley que busca conceder amnistía a miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y los comités de autodefensa. Esta amnistía cubriría los delitos presuntamente cometidos en el contexto de la lucha contra el terrorismo durante el convulso periodo comprendido entre mayo de 1980 y noviembre de 2000.
El dictamen, que ahora deberá ser debatido y votado en el Pleno del Congreso, ha reabierto heridas del pasado y encendido un acalorado debate sobre la justicia, la memoria y el respeto a los derechos humanos en un país marcado por un sangriento conflicto interno que dejó decenas de miles de víctimas.
Argumentos a Favor: «Poner Fin a Persecuciones»
Quienes defienden la iniciativa, como el congresista Fernando Rospigliosi, argumentan que la ley es necesaria para «poner fin a persecuciones judiciales» que consideran «prevaricadoras» contra aquellos que combatieron a grupos terroristas como Sendero Luminoso y el MRTA. Sostienen que actualmente hay más de mil militares y policías procesados por hechos ocurridos en los años 80 y 90, a pesar de la existencia de leyes previas que, según ellos, deberían haber cerrado estos casos.
Durante el debate en la comisión, se escucharon testimonios emotivos, como el del congresista Azurín, policía en situación de retiro, quien recordó conmovido su participación en la lucha contrasubversiva. Los proponentes de la amnistía insisten en que no se busca impunidad, sino reconocer que en un contexto de «guerra no convencional» contra un enemigo que no usaba uniforme y se mimetizaba con la población civil, se pudieron cometer «errores», pero que estos no deben ser sancionados con «persecuciones eternas».
El texto sustitutorio del proyecto precisa que el beneficio de la amnistía no sería aplicable a los denunciados o imputados por delitos de terrorismo o por delitos de corrupción de funcionarios.
«Hoy día hay más de 1,000 militares y policías procesados por el sistema judicial de manera prevaricadora sobre hechos que ocurrieron en los años 80 y 90 (…) esto no busca impunidad.» – Congresista Fernando Rospigliosi, durante el debate en la Comisión de Constitución.
Críticas y Temores: ¿Impunidad para Violaciones de DDHH?
La propuesta ha encontrado una férrea oposición por parte de diversas bancadas parlamentarias, como el Bloque Democrático Popular y la bancada socialista, así como de organizaciones de derechos humanos y familiares de las víctimas del conflicto. El principal temor es que esta ley se convierta en un mecanismo de impunidad para graves violaciones a los derechos humanos, como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas y masacres, cometidas por agentes del Estado.
La historia de Perú registra antecedentes de leyes de amnistía, como las promulgadas en la década de 1990 (Leyes N° 26479 y N° 26492), que fueron duramente cuestionadas a nivel nacional e internacional y, en algunos casos, declaradas inaplicables por la justicia o incompatibles con las obligaciones internacionales del Estado peruano en materia de derechos humanos, como en el emblemático caso Barrios Altos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La definición de «delitos vinculados a la lucha contra el terrorismo» que utiliza el proyecto es considerada por los críticos como demasiado amplia y ambigua, lo que podría abrir la puerta a que se exima de responsabilidad a perpetradores de crímenes atroces. Esta tensión entre la búsqueda de una reconciliación nacional, la necesidad de justicia para las víctimas y la construcción de una memoria histórica veraz es un desafío que Perú no ha logrado resolver plenamente.
Posible Choque con el Derecho Internacional y Erosión de la Confianza
Organismos internacionales y expertos en derecho han advertido que las leyes de amnistía que obstaculizan la investigación y sanción de graves violaciones de derechos humanos son incompatibles con los tratados internacionales de los que Perú es parte. El Estado tiene la obligación ineludible de investigar, juzgar y sancionar a los responsables de dichos crímenes y de reparar a las víctimas.
En un contexto político ya complejo, con un Congreso que enfrenta cuestionamientos por diversos temas (gastos, contrataciones, propuestas de vacancia presidencial contra Dina Boluarte por el caso «Cofre» ), una ley tan divisiva como la de amnistía podría erosionar aún más la confianza ciudadana en las instituciones y en el Estado de Derecho. Si la población percibe que la ley busca favorecer a un sector en detrimento de los derechos de las víctimas y la justicia, podría agravarse la polarización y la inestabilidad.
El debate ahora se trasladará al Pleno del Congreso, donde se definirá el futuro de esta polémica iniciativa que ha vuelto a poner sobre la mesa las dolorosas heridas del pasado peruano.
