El Decomiso de  petróleo venezolano por parte del gobierno de Estados Unidos desató una oleada de reacciones diplomáticas, especialmente desde Cuba, que denunció que la medida tiene un impacto directo en su situación energética. El caso del buque Skipper, retenido frente a las costas de Venezuela, reaviva las tensiones geopolíticas en el continente y vuelve a poner en el centro de la conversación la fragilidad de las cadenas de suministro energético que sostienen a la isla.
Aunque las autoridades estadounidenses justifican la acción bajo el argumento del cumplimiento de sanciones internacionales, para La Habana este movimiento representa un nuevo episodio en la “guerra económica” que, afirman, persiste desde hace décadas.

Un decomiso que reaviva tensiones históricas

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba señaló que la incautación del buque refuerza la política de máxima presión, particularmente porque afecta directamente el abastecimiento de combustible. Si bien la cancillería cubana no confirmó que el Skipper tuviera como destino la isla —como reportó un medio estadounidense—, la postura oficial recalca que cualquier interrupción al comercio petrolero venezolano termina impactando de forma crítica en la economía cubana.
Las autoridades recordaron que durante el primer mandato del expresidente Donald Trump se impulsó una serie de medidas destinadas a obstaculizar la llegada de combustible venezolano a Cuba. Según la isla, la situación no solo se mantiene, sino que ahora se agrava debido al uso de operaciones militares en el Caribe, justificadas por Estados Unidos como parte de la lucha contra el narcotráfico.

Efectos directos en un sistema energético ya debilitado

Cuba enfrenta desde hace años un contexto marcado por carencias de divisas, limitaciones estructurales y una escasez continua de combustible que ha generado afectaciones en la movilidad, la producción eléctrica y diversos servicios básicos.
La incautación del petrolero, que transportaba entre 1.1 y 1.9 millones de barriles de crudo —según distintas versiones—, agrava la vulnerabilidad del sistema energético cubano. La falta de combustible ha provocado desde apagones prolongados hasta interrupciones en el transporte y restricciones productivas en sectores esenciales.
El gobierno cubano argumenta que este tipo de acciones incrementa la presión sobre una economía ya golpeada, dificultando la recuperación y profundizando la crisis cotidiana de los ciudadanos.

Los argumentos de Washington

Para el gobierno estadounidense, el decomiso del petrolero es consecuencia del incumplimiento de sanciones internacionales impuestas a Venezuela e Irán. La fiscal general Pam Bondi señaló que el Skipper había sido utilizado por ambos países para el transporte de crudo, a pesar de estar sancionado desde 2022 por sus presuntos vínculos con organizaciones designadas como terroristas, incluido Hezbollah.
Estados Unidos sostiene que estas medidas buscan frenar las redes financieras que sostienen al gobierno venezolano y evitar que recursos energéticos circulen al margen de las sanciones. Sin embargo, esta postura ha generado críticas por el impacto humanitario y económico que termina recayendo sobre la población de los países dependientes del crudo venezolano.

Venezuela y la defensa del comercio petrolero

El gobierno de Caracas respondió acusando a Estados Unidos de violar el derecho internacional y de afectar arbitrariamente su comercio legítimo. Venezuela afirmó que el barco transportaba 1.9 millones de barriles de petróleo y que la operación representa un ataque directo a sus finanzas públicas.
La disputa se suma al complejo panorama de sanciones que enfrenta Venezuela desde hace años y que ha limitado su capacidad de exportación, afectando uno de los pilares centrales de su economía. Para Caracas, estas acciones buscan asfixiar su industria petrolera y dificultar la cooperación energética con aliados estratégicos.

Repercusiones regionales y diplomáticas

El decomiso del Skipper también tiene un impacto geopolítico en América Latina, especialmente en la relación trilateral entre Estados Unidos, Venezuela y Cuba. La Habana ha señalado que estas acciones forman parte de un patrón más amplio que busca influir en la estabilidad política y económica de la región.
La operación también envía un mensaje a otros países que mantienen cooperación energética con Venezuela, alertando sobre posibles implicaciones legales o diplomáticas al participar en el transporte o compra de su crudo.

Un conflicto con implicaciones humanas

Aunque las sanciones y decomisos se justifican en términos legales o de seguridad nacional, para Cuba el efecto inmediato recae en la vida diaria de su población. Los apagones, la escasez de combustibles y las dificultades para sostener servicios básicos se intensifican con cada interrupción del suministro.
Para la población cubana, el conflicto geopolítico se traduce en filas más largas, mayor incertidumbre energética y una cotidianidad cada vez más desafiante.

La incautación del petrolero venezolano Skipper representa mucho más que un episodio aislado. Se inserta en un contexto de tensiones políticas, rivalidades históricas y una compleja red de sanciones que afecta directamente la estabilidad energética de Cuba. Mientras Estados Unidos defiende la legalidad de la operación y Venezuela denuncia un ataque a su comercio petrolero, la isla enfrenta una nueva presión sobre su frágil sistema económico.
En medio de este escenario, el futuro del abastecimiento energético para Cuba dependerá en gran medida de cómo evolucione la disputa diplomática y de si es posible establecer mecanismos que permitan mayor estabilidad en el flujo de recursos estratégicos.