El Tapón del Darién se ha convertido en un campo de batalla narrativo. Mientras Panamá niega la magnitud de la crisis humanitaria y acusa «propósitos ocultos», cifras récord de ACNUR y OIM revelan un éxodo sin precedentes y la consolidación de un narco-estado en la selva. </Intro>
El Tapón del Darién, la infranqueable selva que separa a Colombia de Panamá, ya no es solo la ruta migratoria más peligrosa del mundo; se ha transformado en un territorio con su propia economía criminal y en el epicentro de una guerra diplomática. Mientras organismos como la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) alertan sobre un récord histórico de medio millón de personas que cruzaron la selva este año, el gobierno de Panamá ha lanzado una ofensiva frontal contra un informe de Human Rights Watch (HRW), rechazando categóricamente sus conclusiones y defendiendo su gestión de la crisis.
Esta colisión de narrativas deja a cientos de miles de migrantes atrapados no solo entre los peligros naturales y criminales de la selva, sino también en medio de un fuego cruzado político que definirá el futuro de la gestión migratoria en las Américas.
Una Tragedia de Cifras Récord
Los datos presentados por ACNUR y la OIM pintan un cuadro alarmante. La cifra de 500,000 cruzaron la selva, más del doble que el año anterior, confirma que la crisis ha alcanzado un punto de inflexión. Los migrantes, provenientes en su mayoría de Venezuela, Haití y Ecuador, pero también de lugares tan lejanos como África y Asia, enfrentan peligros mortales que van más allá de los ríos crecidos y los animales salvajes. Los informes documentan de manera consistente abusos como violencia sexual, robos, secuestros y extorsión a manos de grupos criminales que operan con total impunidad.
El viaje, que puede durar entre cuatro y diez días por rutas terrestres, es una prueba de resistencia extrema. Sin embargo, el peligro ya no es aleatorio; se ha sistematizado.
La Economía del Narco: Cuando la Migración se Convierte en Negocio
La evidencia sugiere que la crisis ha evolucionado de un simple tráfico de personas a una sofisticada economía controlada por el crimen organizado. Grupos como el Clan del Golfo, uno de los cárteles más poderosos de Colombia, han impuesto un orden de facto en la región. Ya no son solo «coyotes» o guías; actúan como reguladores de un mercado macabro.
Fuentes y reportes de campo indican que el Clan del Golfo estipula los precios de servicios esenciales para los migrantes, desde el transporte en lancha y el alojamiento en campamentos improvisados hasta el «derecho de paso» por la selva. Se ha creado un sistema de «clases» migratorias. Rutas de bajo costo: Utilizadas por migrantes con menos recursos, como muchos venezolanos y haitianos, pueden costar alrededor de 200 dólares. Implican trayectos más largos y peligrosos. Rutas premium: Migrantes con mayor capacidad económica, como algunos provenientes de China, pueden pagar entre 1,000 y 2,000 dólares por rutas marítimas parciales y trayectos a pie más cortos y seguros.
Esta estructura revela que el control criminal no es un subproducto de la crisis, sino su motor económico. La desesperación humana ha sido convertida en una mercancía con tarifas reguladas, en la que participan no solo los grupos armados, sino también actores locales y, según investigaciones, funcionarios corruptos.
La Defensa de Panamá: «No Somos el Problema»
Frente a este panorama, la respuesta del gobierno panameño ha sido de enérgica defensa y contraataque. En una reciente conferencia de prensa, altos funcionarios rechazaron un informe de HRW que, según sus declaraciones, distorsiona la realidad.
«Panamá está siendo responsable, Panamá no es el problema», declaró el ministro de Seguridad, Juan Manuel Pino, afirmando que su país es el único que vela por la seguridad y los derechos humanos de los migrantes en la región.
La directora del Servicio Nacional de Migración, Samira Gozaine, fue más allá, asegurando que el informe de HRW «tiene un propósito oculto que solo ellos saben cuál es». El gobierno panameño argumenta que está ejecutando una «operación de flujo controlado», que ha desmantelado más de 170 campamentos criminales y ha detenido a más de 200 personas por delitos contra migrantes.
Esta postura se produce en un contexto en el que Panamá ha sido un receptor clave de ayuda internacional para gestionar la crisis. Solo de Estados Unidos, el país recibió cerca de 18 millones de dólares en 2022 para este fin. Esta aparente contradicción, aceptar fondos para manejar un problema mientras se rechaza la supervisión internacional sobre cómo se maneja, está en el centro del debate. La crisis, para algunos analistas, se ha convertido en un activo geopolítico que atrae recursos, creando un complejo entramado de incentivos que no necesariamente apuntan a una solución definitiva.
La Encrucijada del Darién
La situación en el Tapón del Darién ha trascendido la crisis humanitaria. Es ahora un enfrentamiento entre la soberanía nacional y la responsabilidad internacional, entre la data verificable de organismos globales y la narrativa oficial de un gobierno bajo presión. Para los cientos de miles que arriesgan sus vidas en la selva, este debate es lejano. Su realidad inmediata es un territorio sin ley donde el precio de la supervivencia lo fija el crimen organizado, mientras las naciones debaten de quién es la culpa.
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