La Corte Constitucional de Ecuador suspendió el decreto emitido por el presidente Daniel Noboa que convocaba a un referéndum para la creación de una Asamblea Constituyente. Esta suspensión es temporal y tiene como objetivo evaluar cinco demandas de inconstitucionalidad, que cuestionan la legalidad del proceso.
El mandatario busca reformar la Carta Magna con leyes más estrictas para enfrentar el creciente narcotráfico y la violencia organizada, problemas que han afectado al país durante los últimos años. Según datos oficiales, los homicidios se han incrementado más del 600% en seis años, transformando a Ecuador en un foco de preocupación regional.
Conflicto entre Ejecutivo y Corte
La decisión judicial profundiza la tensión entre el Presidente de Ecuador y el máximo tribunal, que ya ha frenado varias iniciativas del Ejecutivo por considerar que podrían violar derechos fundamentales. La Corte afirmó:
“La Corte no es enemiga del pueblo. Nada más alejado de la verdad. Es guardiana de sus derechos”.
Por su parte, Noboa ha reiterado que la consulta popular es “esencial” para devolver poder a los ciudadanos y reformar estructuras políticas consideradas obsoletas. La propuesta contempla una Asamblea Constituyente integrada por 80 miembros electos en las urnas, con el objetivo de establecer leyes más duras contra la criminalidad organizada.
Contexto político y social
El presidente ha cuestionado abiertamente el rol del Tribunal Constitucional, acusando a la élite política de bloquear iniciativas populares. En una entrevista, se preguntó:
“¿Por qué quieren impedir que se pregunte a la gente? Están poniendo trabas y trabas, cuando lo que se busca es que el pueblo decida”.
La iniciativa también coincide con otras reformas en discusión, como la supresión del Consejo de Participación Ciudadana, la reducción del número de asambleístas y la creación de controles políticos sobre jueces del tribunal. Noboa sostiene que solo con una nueva institucionalidad y la participación directa de la ciudadanía se podrá superar el estancamiento político actual.
Impacto en la agenda legislativa
Mientras la Corte analiza las demandas, la política ecuatoriana se encuentra en un momento de alta tensión. La sociedad observa cómo se entrelazan la seguridad, la participación ciudadana y la reforma constitucional. Esta situación refuerza la percepción de que Ecuador necesita cambios estructurales, pero también evidencia los límites legales que enfrenta cualquier iniciativa presidencial.
El referéndum, convocado inicialmente para noviembre, se convierte ahora en un foco de debate sobre la soberanía del pueblo, la independencia judicial y la capacidad del Ejecutivo para impulsar reformas de gran calado.
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