En una decisión que ha sido calificada como un acto de impunidad, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso peruano archivó las denuncias contra la presidenta Dina Boluarte por su presunta responsabilidad en las muertes ocurridas durante las protestas sociales de 2022 y 2023.
Un manto de impunidad parece extenderse sobre las más altas esferas del poder en Perú. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso ha decidido archivar cuatro denuncias presentadas contra la presidenta Dina Boluarte y varios de sus exministros por las decenas de muertes ocurridas durante la represión de las protestas sociales que sacudieron al país tras la caída de Pedro Castillo.
La decisión, aprobada por la mayoría de los miembros de la subcomisión, se basó en el argumento técnico de que «no se habría verificado una relación directa entre los hechos denunciados y una infracción a la Constitución» por parte de la mandataria. Este formalismo legal choca frontalmente con el clamor de justicia de los familiares de las víctimas y las denuncias de organizaciones de derechos humanos, que acusan a las fuerzas del orden de un uso excesivo y letal de la fuerza.
Este archivo no es un hecho aislado. Se enmarca en un contexto de creciente controversia en torno al Congreso, que ha aprobado medidas como el restablecimiento de la inmunidad parlamentaria y se percibe en un pulso constante con el sistema de justicia, incluyendo la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y la Fiscalía.
Un pacto de no agresión
La decisión de la subcomisión alimenta la percepción ciudadana de que existe una alianza de facto entre el Poder Ejecutivo y la mayoría parlamentaria. Este pacto no escrito de gobernabilidad y no agresión parece tener un objetivo claro: la autoprotección y la supervivencia política mutua hasta las elecciones de 2026.
El Congreso, con una desaprobación ciudadana que supera el 90% en la mayoría de las encuestas, necesita de la estabilidad que le otorga el Ejecutivo para seguir legislando. A su vez, la presidenta Boluarte, sin un partido político ni una base social propia, depende enteramente del respaldo del Parlamento para evitar una vacancia y mantenerse en el poder.
En este intercambio, la fiscalización y la rendición de cuentas parecen ser las primeras víctimas. El archivo de una denuncia tan sensible como la de las muertes en protestas es visto por muchos como la evidencia más clara de este blindaje mutuo.
«La Ley APCI no solo busca maniatar a las ONG. También busca ahogar económicamente a los medios independientes… Lo saben, pero lo hacen porque temen seguir siendo investigados.» – Daniel Yovera, periodista de Epicentro TV, sobre las acciones del Congreso y el Gobierno.
El clamor por justicia que no se apaga
Mientras el Congreso cierra la vía de la investigación política, la vía judicial sigue abierta, aunque con lentitud. La Fiscalía de la Nación ya había presentado una denuncia constitucional contra Boluarte en mayo de 2025 por la presunta comisión de los delitos de homicidio calificado y lesiones graves, afectando a 75 manifestantes. Sin embargo, el antejuicio político en el Congreso era un paso crucial para que la presidenta pudiera ser procesada como cualquier otro ciudadano.
La decisión de archivar la denuncia ha generado una profunda indignación, especialmente en las regiones del sur andino, donde se produjo la mayoría de las muertes, como en Juliaca (Puno) y Ayacucho. Para los familiares de las víctimas, que durante meses han marchado con las fotos de sus seres queridos exigiendo justicia, la medida del Congreso es una bofetada.
La erosión de los contrapesos democráticos en Perú es una preocupación creciente. Cuando el órgano llamado a fiscalizar al poder decide protegerlo, se abre una peligrosa puerta a la impunidad. La memoria de los fallecidos y la demanda de verdad y reparación de sus familias seguirán pesando sobre la conciencia del país, por más que se intente archivarla en los fríos expedientes del Congreso.
