La Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) anunció este miércoles el cese del paro nacional que se extendió por 30 días, instruyendo el despeje de carreteras y el repliegue de sus brigadas a los territorios de origen. La decisión, comunicada por su presidente Marlon Vargas, se tomó luego de que el gobierno de Daniel Noboa ordenara una intervención en la provincia de Imbabura y desplegara a las fuerzas públicas para abrir las vías bloqueadas.

En un mensaje difundido en la red social X, Vargas calificó la determinación como “difícil pero necesaria” y explicó que la organización prioriza la integridad de las personas tras lo que describió como una “brutal represión” por parte del Estado. El paro, nacido como protesta contra el aumento del precio del diésel, había quedado concentrado principalmente en Imbabura, donde las tensiones se intensificaron y derivaron en enfrentamientos violentos en los últimos días.

El anuncio presidencial y la intervención en Imbabura

El presidente Daniel Noboa justificó la actuación del gobierno ante lo que calificó como bloqueos que afectan el abastecimiento, la movilidad y el normal funcionamiento de la vida ciudadana. Noboa advirtió que su administración “pasó de la defensiva a la ofensiva” y dejó claro que estaba dispuesto a “recuperar la paz” mediante la apertura de carreteras y el restablecimiento del orden.

Poco antes del comunicado de la Conaie, el mandatario había ordenado la intervención en Imbabura con el objetivo de levantar los bloqueos que, según él, se habían convertido en “un atentado a la democracia”. El gobierno sostiene que los cortes de ruta han venido impidiendo el tránsito de personas, la distribución de alimentos y combustibles, y la normal actividad económica en la región.

Fuerzas armadas y mensaje de contundencia: “las tropas están listas”

El general Henry Delgado, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, fue enfático al declarar que la misión era la “apertura inmediata de todas las vías y la toma de la provincia de Imbabura”. Delgado afirmó que las tropas “están listas” y subrayó que no se permitirá que un grupo reduzca la libertad de circulación de 18 millones de ecuatorianos.

La declaración militar y el despliegue de elementos de seguridad se produjeron en un contexto de fuerte confrontación: el gobierno señaló que respondería con firmeza a los bloqueos y a lo que considera actos de intimidación por parte de algunos manifestantes. En paralelo, organismos de derechos humanos y organizaciones civiles condenaron la escalada y demandaron preservar la vida y los derechos de las comunidades.

Balance humano y político: muertos, heridos y reclamos

La jornada de protestas y la respuesta estatal dejaron un saldo doloroso. Las fuentes oficiales y reportes de organizaciones sociales coinciden en que hubo tres fallecidos y decenas de heridos durante las confrontaciones. Estas víctimas se convirtieron en uno de los ejes de la presión internacional y nacional para buscar una salida que pusiera fin a la violencia.

La Conaie, que agrupa a numerosos pueblos y nacionalidades indígenas, venía reclamando no sólo la reversión del aumento del precio del diésel sino también atención a demandas históricas sobre seguridad, pobreza, acceso a servicios y diálogo para políticas públicas con enfoque territorial. Sin embargo, el recrudecimiento de las medidas del Ejecutivo y la llegada de fuerzas federales obligaron a la organización a priorizar la protección de su gente.

Qué sigue: del repliegue a la negociación pendiente

Con la orden de cese y el repliegue de brigadas, se abre una fase de incertidumbre: por un lado, la circulación y el abastecimiento en la zona afectada comienzan a normalizarse; por otro, persisten las dudas sobre cómo y cuándo se retomarán mesas de diálogo efectivas que atiendan las demandas indígenas de fondo. El gobierno de Noboa ha reiterado su disposición a proponer un paquete de medidas para la seguridad y la economía, pero la Conaie y otros movimientos sociales han advertido que la desmilitarización y garantías de seguridad son condiciones previas para negociar.

El contexto político también cambia: la intervención y las muertes han calentado el debate sobre el uso de la fuerza, la protección de derechos humanos y la legitimidad de las vías de protesta social en Ecuador. Analistas políticos señalan que la ronda inmediata será definir mecanismos de reparación, investigar violaciones y reconstruir canales de confianza entre el Estado y las comunidades.

El cese del paro ordenado por la Conaie cierra, por ahora, un mes de protestas que dejaron un saldo humano y político significativo. La salida precipitó el repliegue de manifestantes ante la presión militar y el anuncio presidencial, pero no apaga las demandas que motivaron las movilizaciones: precios del combustible, seguridad y el reclamo de políticas públicas con enfoque territorial y participación indígena. La atención ahora se traslada a las negociaciones pendientes, las investigaciones sobre la violencia y las garantías para que episodios similares no vuelvan a escalar en una región marcada por desigualdades crónicas.