El suroccidente colombiano se sumió en el terror con una docena de ataques coordinados en Cauca y Valle del Cauca, dejando al menos siete muertos y decenas de heridos. Las autoridades señalan a disidencias de las FARC y otros grupos.
Bogotá, Colombia.- Una alarmante ola de violencia ha sacudido el suroccidente de Colombia, específicamente los departamentos de Cauca y Valle del Cauca, con una serie de atentados perpetrados de manera casi simultánea que han dejado un saldo de al menos siete personas fallecidas y decenas de heridos. Estos hechos, que incluyen explosiones y ataques armados, representan un grave desafío para la política de «Paz Total» del presidente Gustavo Petro y reavivan el fantasma de la violencia que ha asolado la región durante décadas.
La Brutalidad de los Ataques
La jornada de terror incluyó una docena de atentados distribuidos en varios municipios. En el Valle del Cauca, la ciudad de Cali, su capital, registró al menos tres explosiones, mientras que otras detonaciones ocurrieron en un caserío del municipio de Jamundí. En el vecino departamento del Cauca, se reportaron tres explosiones en los municipios de El Bordo y Corinto, y en Caloto, un francotirador asesinó a un policía.
Las autoridades han atribuido esta escalada de violencia a disidencias de las extintas FARC, particularmente a las estructuras del Estado Mayor Central (EMC) lideradas por Néstor Gregorio Vera Fernández, alias ‘Iván Mordisco’, el hombre más buscado del país y por quien se ofrece una recompensa de cerca de un millón de dólares. También se señala la presencia y actividad en la zona del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y bandas herederas del paramilitarismo. Según el ministro de Defensa, estos ataques son una represalia directa a los recientes avances militares contra las estructuras de ‘Iván Mordisco’ en un «centro neurálgico» de su operación.
Esta nueva ofensiva de los grupos armados ilegales se produce apenas tres días después del grave atentado contra el senador y aspirante presidencial Miguel Uribe Turbay en Bogotá, un hecho que evocó los traumáticos años 90, cuando la violencia política marcó la agenda nacional.
La «Paz Total» en Entredicho
La política de «Paz Total» del presidente Petro, que busca la negociación y el sometimiento de los diversos grupos armados que operan en el país, enfrenta uno de sus momentos más críticos. A pesar de los esfuerzos del gobierno, organizaciones como el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y Human Rights Watch (HRW) han advertido sobre un empeoramiento de la crisis humanitaria y un incremento de la violencia desde la firma del acuerdo de paz de 2016 con las FARC. Las cifras son alarmantes: los homicidios han aumentado más de un 20% y los secuestros cerca de un 35%. Datos de la ONU revelan que solo entre enero y abril de 2025, más de 950,000 personas fueron afectadas por la violencia y el conflicto, cuadruplicando la cifra del mismo periodo en 2024.
«Según el ministro de Defensa, los atentados de hoy son una respuesta a los recientes avances militares en la zona, donde el Ejército estaría penetrando un ‘centro neurálgico’ de las estructuras lideradas por alias ‘Iván Mordisco’.»
La persistencia y el poder de las economías ilícitas son un factor determinante en esta espiral de violencia. La región de Cauca y Valle del Cauca es un corredor estratégico para el narcotráfico y otras actividades criminales, lo que provee a los grupos armados de ingentes recursos para financiar su guerra contra el Estado y entre facciones rivales. Mientras estas fuentes de financiación no sean desmanteladas, cualquier intento de paz parece destinado a enfrentar obstáculos insalvables. La capacidad de estos grupos para llevar a cabo ataques coordinados y de alto impacto demuestra que su poderío militar y económico sigue intacto, desafiando la autoridad estatal.
Ciclos de Violencia y Heridas Sociales Profundas
Los recientes acontecimientos no son hechos aislados, sino la continuación de un ciclo de violencia que ha dejado profundas cicatrices sociales, psicológicas y económicas en las comunidades afectadas. El «fantasma de la violencia de décadas pasadas» es una realidad palpable para quienes viven bajo el terror constante. Documentos y testimonios recogidos por entidades como el Centro Nacional de Memoria Histórica detallan el horror extremo, la indefensión, el desplazamiento forzado, el reclutamiento de menores y la violencia sexual que han marcado la vida de miles de personas en estas regiones.
Esta violencia sistemática no solo destruye vidas y bienes, sino que también quiebra el tejido social, genera miedo paralizante y obstaculiza cualquier esfuerzo de reconciliación y desarrollo. La respuesta del Estado, aunque necesaria en términos de seguridad, debe ir acompañada de estrategias integrales que aborden las causas estructurales del conflicto, incluyendo la pobreza, la falta de oportunidades y el abandono estatal en muchas zonas rurales.
La situación en el suroccidente colombiano es un sombrío recordatorio de los enormes desafíos que enfrenta el país en su búsqueda de una paz duradera. La comunidad nacional e internacional sigue con atención los esfuerzos del gobierno para contener la violencia y proteger a la población civil, pero la magnitud de la crisis exige acciones contundentes y sostenidas en múltiples frentes.
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