En un acto de justicia histórica, el gobierno de Chile firmó el decreto de expropiación de 117 hectáreas de la ex Colonia Dignidad. El terreno, que fue un centro de detención, tortura y exterminio, se convertirá en un sitio de memoria.
El Estado chileno ha dado un paso decisivo para saldar una de sus deudas más dolorosas con la memoria histórica. Este lunes 7 de julio, los ministros de Vivienda, Justicia y Bienes Nacionales firmaron el decreto que oficializa la expropiación de 117 hectáreas de la ex Colonia Dignidad, el enclave alemán en el sur de Chile que funcionó como centro de detención, tortura, exterminio y abuso sistemático durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
El objetivo es transformar este espacio de horror, hoy conocido turísticamente como «Villa Baviera», en un sitio de memoria, reflexión y educación sobre las graves violaciones a los derechos humanos que allí se cometieron. El gobierno del presidente Gabriel Boric ha manifestado su intención de completar todo el proceso expropiatorio antes de que finalice su mandato en marzo de 2026.
La batalla por la narrativa histórica
La expropiación es mucho más que un acto administrativo; es una intervención estatal directa en la prolongada batalla por la narrativa histórica de Chile. Durante décadas, ha existido una tensión irresoluble entre dos identidades del mismo lugar: la «Villa Baviera», un pintoresco destino turístico con fiestas y gastronomía alemana, y la «Colonia Dignidad», un símbolo de los crímenes de lesa humanidad perpetrados por el pederasta y ex suboficial nazi Paul Schäfer en complicidad con la dictadura.
Para las agrupaciones de víctimas y familiares de detenidos desaparecidos, la existencia de un centro turístico en el mismo lugar donde sus seres queridos fueron torturados y asesinados es una afrenta inaceptable, una forma de negacionismo que borra la historia para dar paso al comercio.
«El sitio de memoria es algo que por muchos años venimos pidiendo, pero hoy en Colonia Dignidad están haciendo turismo sobre nuestros muertos. Eso agrava mucho la situación. Nos da rabia, coraje, nos enojamos.» – Testimonio de familiar de víctima.
Con esta medida, el Estado chileno toma una postura definitiva: reconoce oficialmente el pasado atroz del enclave y prioriza la memoria y la reparación por sobre los intereses comerciales y las narrativas que buscan blanquear la historia.
Un referente para la justicia transicional en América Latina
La decisión de Chile se suma a los esfuerzos de otros países de la región por confrontar los legados de sus dictaduras, aunque con sus propias particularidades. Este caso ofrece un valioso punto de comparación con otros modelos de memoria histórica:
- Argentina: Ha sido pionera en la conversión de ex centros clandestinos de detención, como la ESMA en Buenos Aires, en museos y sitios de memoria gestionados por el Estado, con un fuerte énfasis en los procesos judiciales y la condena a los responsables.
- Colombia: Su enfoque, a través de mecanismos como la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), se centra más en la justicia transicional, la verdad y la reparación simbólica en el contexto de un conflicto armado aún con heridas abiertas.
El caso de Colonia Dignidad es distinto. La expropiación llega décadas después del fin de la dictadura y es el resultado de la presión incansable de la sociedad civil contra un terreno que permanecía en manos privadas y era explotado comercialmente, un desafío único en la región.
La justicia pendiente: Una búsqueda que no termina
Si bien la creación del sitio de memoria es un hito fundamental, no representa el fin del camino. Al contrario, se espera que el nuevo espacio se convierta en una plataforma permanente y con respaldo estatal para amplificar las demandas de justicia que aún están pendientes. La principal de ellas es la búsqueda de la verdad sobre el paradero de los detenidos desaparecidos.
«Nadie sabe dónde está enterrada la gente. No hay vestigios, no hay nada», es el reclamo constante de los familiares. El sitio de memoria no solo servirá para recordar, sino para exigir que continúen las investigaciones forenses, se identifiquen todos los restos y se procese a todos los responsables que aún viven. De esta forma, el lugar pasará de ser un espacio de olvido a un centro vivo de exigencia, garantizando que los crímenes del pasado no queden impunes.
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