La Fiscalía chilena ha abierto una investigación por posible fraude masivo tras un informe de la Contraloría que reveló que más de 25,000 funcionarios públicos salieron del país entre 2023 y 2024 mientras estaban con licencia médica, generando indignación ciudadana y exigencias de reforma.
Un escándalo de proporciones significativas sacude la administración pública en Chile. La Contraloría General de la República ha destapado un presunto uso fraudulento masivo de licencias médicas por parte de funcionarios estatales, quienes habrían viajado al extranjero durante sus periodos de reposo. La situación ha escalado al ámbito judicial, con la Fiscalía iniciando una investigación penal por estos hechos, que han provocado una ola de indignación ciudadana y un llamado urgente a reformas estructurales.
El Informe de la contraloría que destapó el escándalo
El noveno Consolidado de Información Circularizada (CIC) de la Contraloría, cuyos detalles se han conocido en profundidad en los últimos días, arrojó cifras alarmantes correspondientes al periodo 2023-2024:
- Un total de 25,078 funcionarios públicos o de entidades que cumplen esa función a nivel nacional viajaron fuera de Chile mientras se encontraban con licencia médica vigente.
- Para estos empleados se emitieron 35,585 permisos de salud.
- Durante los periodos de reposo indicados en dichas licencias, estos funcionarios realizaron 59,575 entradas o salidas del país.
- Del total de licencias involucradas, el 69% fueron emitidas por Fonasa (Fondo Nacional de Salud) y el 31% por las distintas Isapres (Instituciones de Salud Previsional).
- Un dato llamativo es que 125 funcionarios registraron entre 16 y 30 movimientos migratorios (entradas/salidas del país) durante sus periodos de licencia médica.
- El informe detalla que las salidas y entradas al país se concentraron principalmente entre los meses de septiembre y diciembre en ambos años analizados.
La metodología utilizada por la Contraloría consistió en el cruce de datos de las licencias médicas registradas por la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso) con los registros migratorios proporcionados por la Policía de Investigaciones de Chile (PDI).
Entre las instituciones públicas más involucradas por el número de licencias médicas asociadas a viajes de sus funcionarios, destacan la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI) con 2,280 casos, la Fundación Integra con 1,934, y la Municipalidad de Arica con 719. En total, el informe de la Contraloría menciona 777 organismos públicos cuyos funcionarios estarían implicados. Las regiones que registraron mayores movimientos migratorios de funcionarios con licencia son la Metropolitana, Arica y Parinacota, y Magallanes.
Este escándalo no solo representa un posible fraude económico considerable, sino que golpea directamente la confianza ciudadana en las instituciones y en la probidad de los funcionarios públicos. Esta situación se produce en un momento delicado, con una baja popularidad del gobierno actual y en medio de discusiones sobre importantes reformas, como la tributaria. La erosión de la confianza puede dificultar la capacidad del Ejecutivo para generar consensos y solicitar esfuerzos adicionales a la ciudadanía.
Acciones de la Fiscalía e implicaciones legales
Ante la gravedad de los antecedentes revelados por la Contraloría, la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente ha abierto de oficio una investigación penal para determinar las responsabilidades correspondientes.
Los delitos que se investigan son principalmente:
- Fraude al fisco.
- Uso malicioso de instrumento público.
- En el caso de los profesionales de la salud que emitieron las licencias, se indagará la posible emisión de licencias médicas falsas, ya sea material o ideológicamente.
El Fiscal Nacional, Ángel Valencia, instruyó que la causa quedara a cargo de la Fiscalía Oriente, liderada por la fiscal Lorena Parra. El fiscal Álvaro Pérez, quien ha llevado casos similares, puntualizó que si a través de estas licencias se obtuvo fraudulentamente el pago de un subsidio por incapacidad laboral, también podría configurarse el delito de fraude de subvenciones. La ley contempla para estos ilícitos penas privativas de libertad y multas significativas.
«Pueden haber delitos de falsificaciones materiales de las licencias, como también falsificación desde el punto de vista ideológico. Si a través de estas licencias médicas se obtuvo fraudulentamente el pago de un subsidio por incapacidad laboral, también podría haber delitos de fraude de subvenciones.» – Fiscal Álvaro Pérez.
La masividad del presunto fraude, que involucra a miles de funcionarios y cientos de organismos a lo largo de dos años, sugiere la existencia de fallas sistémicas en los mecanismos de control y fiscalización de las licencias médicas. Estas fallas no solo afectarían a Fonasa e Isapres, sino también a las propias instituciones públicas empleadoras. La investigación de la Fiscalía podría, además de determinar responsabilidades individuales, destapar posibles redes de complicidad, incluyendo a profesionales de la salud.
Reacciones políticas y sociales
La revelación de este escándalo ha generado una profunda indignación en la ciudadanía, que se ha manifestado activamente en redes sociales y otros espacios públicos. Las principales exigencias son :
- Transparencia total en la investigación.
- Sanciones ejemplares para todos los involucrados, tanto funcionarios como eventuales médicos cómplices.
- Algunos sectores plantean la publicación de los nombres de los infractores.
- La devolución de los recursos públicos mal utilizados.
Desde el mundo político, diversas figuras y partidos han presentado querellas por fraude al fisco y han exigido no solo sanciones, sino también medidas concretas para fortalecer la ética y la probidad en la administración pública.
El debate ha trascendido el ámbito del fraude para instalarse en la discusión sobre el sistema de seguridad social chileno. Según datos recientes, el gasto total en licencias médicas superó el 1.3% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2023, siendo un componente significativo del gasto en salud. Este escándalo agrava la presión sobre el gasto fiscal y hace más urgente una reforma profunda al sistema de licencias médicas, no solo para castigar a los culpables sino, fundamentalmente, para prevenir futuros abusos y asegurar la sostenibilidad y el uso correcto de los fondos públicos.
Contexto económico y político adicional
Este escándalo se desarrolla en un contexto económico complejo para Chile. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, no ha descartado la posibilidad de una breve recesión económica, con expectativas de crecimiento del PIB en torno al 1.8% para el presente año. El gobierno, además, apuesta por una reforma tributaria que le permita apuntalar sus bajos niveles de aprobación presidencial. Adicionalmente, existen preocupaciones sobre la economía del cobre, un pilar fundamental para Chile, ya que la previsión de precios para 2025 podría reducirse.
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