La censura digital en Rusia entra en una nueva fase. El gobierno de Vladimir Putin reforzó el control sobre celulares, redes sociales y comunicaciones internacionales mediante un paquete de leyes que amplían la vigilancia estatal y reducen aún más los márgenes de libertad digital dentro del país.
El avance legislativo se produce en un contexto marcado por la guerra en Ucrania y por el rol central que las plataformas digitales han adquirido como fuentes alternativas de información. En ese escenario, el Kremlin parece decidido a cerrar cualquier resquicio que escape al control oficial.
La Agencia Rusa de Supervisión de las Telecomunicaciones, Roskomnadzor, confirmó que mantendrá las restricciones a Telegram hasta que la empresa cumpla con los requisitos de la legislación nacional. Según el organismo, la plataforma no garantiza la protección de datos personales y facilita riesgos de fraude y actividades delictivas.
Telegram bajo presión y la batalla por la información
Desde el inicio de la invasión a Ucrania en febrero de 2022, Telegram se consolidó como una de las principales fuentes de información sobre el conflicto. Canales oficiales ucranianos, mandos militares y periodistas independientes utilizan la aplicación para difundir reportes constantes sobre el desarrollo de la guerra.
Para el Kremlin, este flujo informativo representa un problema estratégico. Las restricciones a Telegram forman parte de una política más amplia orientada a limitar el acceso a narrativas que contradigan la versión oficial del gobierno ruso.
Roskomnadzor reiteró que está dispuesta a colaborar con servicios digitales nacionales y extranjeros, siempre que cumplan condiciones estrictas como el alojamiento de servidores en territorio ruso, la entrega de datos a las autoridades y la prevención de contenidos considerados extremistas o terroristas.
Nuevas leyes para controlar celulares y SIM
El Parlamento ruso, controlado por el oficialismo, aprobó en primera discusión un proyecto legislativo que incluye cerca de veinte iniciativas para reforzar el control digital sobre la población.
Entre las medidas más relevantes se encuentra la obligación de registrar las tarjetas SIM transferidas a menores de edad como “SIM infantiles”. Los padres deberán notificar a los operadores si ceden una línea registrada a su nombre a sus hijos.
Además, todos los teléfonos móviles importados a Rusia deberán contar con un número de identificación único IMEI, que será incorporado a una base de datos estatal administrada por el Ejecutivo. Este sistema permitirá rastrear dispositivos de forma más precisa y bloquear aquellos considerados irregulares.
En la mitad de este proceso legislativo, la censura digital en Rusia deja de ser una política sectorial para convertirse en un sistema integral de supervisión tecnológica.
Gosuslugi y el acceso condicionado a la identidad digital
Otra de las disposiciones clave afecta al portal estatal Gosuslugi, utilizado para trámites oficiales y acceso a servicios públicos. El restablecimiento de cuentas solo podrá realizarse mediante métodos considerados “fiables” por el Estado.
Entre ellos se incluyen la verificación presencial en centros gubernamentales, el uso de aplicaciones bancarias autorizadas, datos biométricos y firmas electrónicas calificadas. Esta medida refuerza la centralización de la identidad digital bajo control estatal.
Asimismo, el proyecto limita la cantidad de tarjetas bancarias que una persona puede solicitar: un máximo de 20 en total y no más de cinco por banco, con posibilidad de que el Banco Central modifique esos topes.
Vigilancia de llamadas internacionales y control financiero
Si las condiciones técnicas lo permiten, los operadores de telecomunicaciones estarán obligados a reportar todas las llamadas internacionales recibidas por los usuarios. Esto incrementa la trazabilidad de los contactos con el extranjero, un punto especialmente sensible para el Kremlin.
Las nuevas normas también refuerzan la lucha contra el phishing y el fraude cibernético. Los bancos deberán implementar medidas adicionales de protección y, en caso de fallas, compensar a los clientes por las pérdidas sufridas.
El portal Gosuslugi incorporará además un “botón de pánico” para víctimas de delitos informáticos, lo que amplía la presencia del Estado en la gestión de incidentes digitales.
Un ecosistema digital cada vez más cerrado
El conjunto de medidas aprobadas dibuja un escenario claro: Rusia avanza hacia un ecosistema digital fuertemente regulado, donde la privacidad individual queda subordinada a los objetivos de seguridad y control del Estado.
La censura digital en Rusia ya no se limita a bloquear sitios web o redes sociales, sino que se extiende al hardware, la identidad digital, las finanzas personales y las comunicaciones internacionales.
Este modelo refuerza la capacidad del Kremlin para monitorear a la población en un contexto de tensión geopolítica, pero también plantea interrogantes sobre el futuro de las libertades civiles y el acceso a información independiente dentro del país.
El impacto a largo plazo del control tecnológico
A medida que estas leyes entren en vigor, el impacto no solo será político, sino también económico y social. Empresas tecnológicas, usuarios comunes y actores internacionales deberán adaptarse a un entorno cada vez más restrictivo.
En un mundo interconectado, la estrategia rusa marca un precedente relevante: el uso de la tecnología no como herramienta de apertura, sino como instrumento central de control estatal.
Al cierre de este proceso legislativo, la censura digital en Rusia se consolida como uno de los pilares del modelo de poder de Vladimir Putin.
