El telón ha caído sobre una de las sagas político-legales más largas y contenciosas de la historia reciente de Lima. Una corte de distrito en Estados Unidos ha puesto punto final a la guerra de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) contra la concesionaria Rutas de Lima, confirmando dos laudos arbitrales que obligan a la ciudad a pagar una cifra que se acerca a los 200 millones de dólares. El fallo representa una derrota contundente para la gestión del alcalde Rafael López Aliaga y la culminación de un conflicto de una década que deja una costosa factura para los ciudadanos.
Para entender cómo la capital peruana llegó a esta millonaria condena, es necesario desentrañar la compleja historia de un conflicto marcado desde su origen por la sombra de la corrupción, las maniobras políticas de cuatro gestiones ediles y una encarnizada batalla legal transnacional.
El Origen: Un Contrato Bajo la Sombra de Odebrecht (2013-2016)
La historia de «la concesión maldita» comienza en 2013, con la firma del contrato para la operación y mantenimiento de los peajes de las carreteras Panamericana Norte y Sur bajo la gestión de la entonces alcaldesa Susana Villarán. El socio original del Estado peruano era la constructora brasileña Odebrecht, epicentro del mayor escándalo de corrupción de la historia de América Latina.
Aunque Odebrecht vendió su participación mayoritaria en 2016 al fondo de inversión canadiense Brookfield, conservando un 25%, la mancha original del caso Lava Jato ha perseguido al contrato desde entonces. El principal argumento de la MML a lo largo de los años, y en su apelación final en Estados Unidos, fue precisamente que los tribunales arbitrales no consideraron adecuadamente los indicios de corrupción que rodearon la firma del contrato. Un argumento que, finalmente, fue desestimado.
La Guerra de Trincheras: Arbitrajes, Multas y Hostilidades (2017-2024)
Lo que siguió a la firma fue una década de guerra de trincheras legal y política. En 2017, masivas protestas de ciudadanos contra el alza de tarifas en el peaje de Chillón llevaron al entonces alcalde, Luis Castañeda Lossio, a suspender temporalmente el cobro. Este fue el primer chispazo de un incendio que nunca se apagaría.
La disputa escaló al plano internacional. Rutas de Lima, amparándose en las cláusulas del contrato, inició dos procesos de arbitraje en Washington D.C. contra la MML por incumplimientos y perjuicios económicos. En 2020 y 2022, ambos tribunales fallaron a favor de la concesionaria, ordenando a la ciudad pagar millonarias compensaciones.
La llegada de Rafael López Aliaga a la alcaldía en 2023 intensificó la confrontación. Con un discurso beligerante, calificó el contrato como una «vulneración de los derechos de los ciudadanos» y prometió anularlo. Su gestión lanzó una ofensiva que incluyó la imposición de multas millonarias a la empresa y la amenaza de tomar el control de los peajes por la fuerza. Rutas de Lima respondió denunciando una «campaña de demolición» y «actos de hostilidad» diseñados para «ahogarla financieramente» y forzar su salida del país.
El Veredicto Final: La Justicia de EE.UU. Cierra el Caso
La estrategia de la MML culminó en un último y desesperado intento: pedir a un tribunal federal de Estados Unidos que anulara los laudos arbitrales desfavorables. La respuesta de la jueza Ana C. Reyes, del Tribunal de Distrito de Columbia, fue categórica.
El 12 de marzo de 2024, la jueza Reyes no solo denegó la petición de Lima, sino que confirmó los laudos, estableciendo que Rutas de Lima había ganado los arbitrajes, que suman más de 140 millones de dólares (sin contar intereses), «de manera justa y legítima» (fair and square). Este fallo, que se ha conocido en sus detalles recientemente, cierra en la práctica la vía judicial internacional para la MML y convierte las condenas arbitrales en una deuda firme y exigible.
Una Herencia Costosa para los Limeños
La larga y politizada batalla por los peajes, que ha consumido la energía y los recursos de cuatro alcaldes, ha culminado en un resultado financieramente desastroso para la ciudad. La estrategia de confrontación, si bien políticamente rentable a corto plazo, se ha probado legalmente fallida y económicamente ruinosa.
Este caso se erige como una dura lección sobre las consecuencias de la inseguridad jurídica y la politización de los contratos de inversión. Al final del día, serán los ciudadanos de Lima quienes, a través de sus impuestos, pagarán el precio de una combinación letal: un contrato nacido bajo sospecha y una década de estrategias legales confrontacionales y fallidas. El «conflicto de nunca acabar» ha llegado a su costoso final.
