Fue durante la madrugada del pasado 3 de noviembre cuando la casa de Mariana Lima Buendía, hija de la incansable defensora de derechos humanos Irinea Buendía, fue el blanco de un atentado armado suscitado en el Estado de México. Este ataque se suma a una cadena de episodios violentos que la familia ha soportado desde 2016 y que, una vez más, pone en evidencia la insuficiencia de las medidas de protección brindadas por las autoridades.
La lucha de Irinea Buendía: una madre que se convierte en activista por justicia
Tal vez no sepas pero Irinea Buendía comenzó su camino en la defensa de los derechos humanos después del asesinato de su hija Mariana Lima en 2010. Mariana fue víctima de feminicidio a manos de su esposo, entonces comandante de la Policía Judicial, Julio César Hernández Ballinas. Aunque el caso fue catalogado inicialmente como suicidio, Irinea nunca aceptó esa versión y se volcó a investigar por cuenta propia, enfrentando una serie de obstáculos judiciales que le hicieron adentrarse en el estudio del derecho y la criminalística.
La tenacidad de Irinea llevó el caso hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y en 2015 se emitió la histórica “Sentencia Mariana Lima”. Este fallo sentó un precedente en México, ordenando que todas las muertes violentas de mujeres debían investigarse como feminicidio y con perspectiva de género. Sin embargo, la victoria legal fue solo el inicio de una serie de represalias que han puesto en constante riesgo a la familia Lima Buendía.
Los múltiples atentados contra la familia Lima Buendía: un patrón de amenazas y violencia
Desde que comenzaron a luchar por justicia, los Lima Buendía han sido blanco de al menos diez ataques violentos y múltiples amenazas. Uno de los eventos más graves ocurrió en 2020, cuando Guadalupe Michel, hija de Irinea y testigo clave en el caso de su hermana, sobrevivió a un intento de asesinato. A pesar de estar inscrita en el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación, la familia ha enfrentado situaciones de extrema vulnerabilidad.
Aurelio Lima, otro de los hijos de Irinea, también fue víctima de un ataque en 2017, donde agresores desconocidos lo dejaron inconsciente y le exigieron abandonar el juicio contra Hernández Ballinas. Estos atentados son reflejo de una venganza sistemática que, según la familia, es instigada desde prisión por el excomandante.
Medidas de protección insuficientes y la retirada de escoltas
A pesar de los ataques continuos y las reiteradas solicitudes de apoyo, el Estado de México retiró en septiembre de 2024 las escoltas asignadas a la familia Lima Buendía, una decisión que agravó la situación. Irinea denunció públicamente que, durante el atentado del 3 de noviembre, los guardias que debían velar por su seguridad no estaban presentes, lo que permitió que los atacantes dispararan contra la casa de Mariana Lima sin ningún tipo de oposición.
Las organizaciones de derechos humanos en México han exigido que las autoridades implementen medidas de protección efectivas y continúas. La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México y Constituyentes MX Feministas se unieron a la denuncia, exigiendo al Estado que garantice la seguridad de los defensores de derechos humanos como Irinea Buendía, quienes dedican su vida a la justicia social.
Una vida bajo amenaza: el peso de la justicia y la impunidad
La historia de Irinea Buendía y su familia refleja la dura realidad de muchos defensores de derechos humanos en México, quienes no solo deben enfrentarse a la violencia institucional, sino también a la amenaza de actores que, desde el poder o el crimen organizado, buscan callar sus voces. En el caso de Irinea, su búsqueda de justicia por el feminicidio de Mariana ha significado una cadena de desplazamientos, cambio de residencias y medidas extremas para proteger su vida y la de sus hijos.
El reciente ataque no solo demuestra la insuficiencia de las medidas de protección asignadas, sino también el desinterés de las autoridades por tratar de implementar sistemas de seguridad efectivos para activistas y defensores en riesgo. La falta de una respuesta contundente por parte de las instituciones crea un clima de desconfianza y miedo, en el cual los agresores pueden actuar con total impunidad.
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