Superpoblación Carcelaria en Francia: Macron explora enviar reclusos a otros países. Dudas sobre costos y DDHH.
Ante una crisis de superpoblación carcelaria sin precedentes, con más de 82,900 reclusos para solo 62,000 plazas, Francia está considerando una medida drástica: alquilar celdas en prisiones de otros países europeos. La propuesta, impulsada por el presidente Emmanuel Macron, busca aliviar la presión sobre el sistema penitenciario galo, pero ya enfrenta críticas por sus implicaciones logísticas, económicas y de derechos humanos.
Francia, uno de los países con mayor población reclusa de Europa, solo superado por Chipre y Rumanía en tasas de hacinamiento , se encuentra en una encrucijada. El sistema penitenciario está al borde del colapso, y el gobierno de Emmanuel Macron baraja soluciones poco convencionales, entre ellas, la externalización de sus presos.
La Propuesta de «Alquiler de Celdas»: ¿Una Solución Viable?
La idea de enviar reclusos a cumplir condena en cárceles extranjeras no es nueva en Europa. Bélgica, por ejemplo, alquiló 680 plazas en una prisión de Tilburg, Países Bajos, entre 2010 y 2016. Más recientemente, en 2021, Dinamarca firmó un acuerdo con Kosovo para arrendar 300 celdas por un periodo de diez años, con un costo aproximado de 210 millones de euros. Incluso Estonia ha manifestado su interés en ofrecer sus plazas penitenciarias vacantes, estimando ingresos anuales cercanos a los 30 millones de euros.
Siguiendo estos precedentes, el gobierno francés analiza si esta podría ser una vía rápida para reducir la presión en sus centros. Sin embargo, la propuesta ya ha levantado una polvareda de críticas y dudas.
Críticas y Preocupaciones: Costos, Logística y Derechos Humanos
Diversos actores, desde sindicatos penitenciarios hasta expertos en derechos humanos, han expresado su escepticismo.
* Costos y Logística: Dominique Simmonot, Inspectora General de los Centros de Privación de Libertad de Francia, recordó las dificultades operativas del acuerdo belga-holandés, donde el personal neerlandés tuvo que ser formado para adaptarse a los procedimientos belgas. Annabelle Bouchet, del sindicato penitenciario SNEPAP-FSU, cuestiona la viabilidad económica, especialmente en un contexto de restricciones presupuestarias en Francia. El costo diario por recluso en Francia oscila entre 100 y 250 euros, mientras que el acuerdo danés-kosovar se acerca a los 200 euros por recluso al día.
* Derechos Humanos y Reinserción: La principal preocupación gira en torno al impacto sobre los reclusos. El alejamiento de sus familias y redes de apoyo social es visto como un obstáculo significativo para su futura reinserción. Las visitas familiares se complicarían enormemente debido a la distancia y posibles requisitos de visado. Esta «exportación» de presos podría interpretarse como una forma de eludir la responsabilidad del Estado sobre sus ciudadanos condenados, afectando su acceso a la justicia y a programas de rehabilitación adecuados a su contexto de origen.
«Desde un punto de vista presupuestario, alquilar celdas en el extranjero tiene un costo significativo… Deportar a personas condenadas lejos de sus familias y redes de apoyo también significa alejarlas de las áreas de empleo y de los agentes que facilitan su reinserción social.» – Annabelle Bouchet, Subsecretaria General del sindicato penitenciario SNEPAP-FSU.
¿Una Tendencia Europea de «Externalización» de Problemas Sociales?
La iniciativa francesa no es un caso aislado. Se enmarca en una tendencia más amplia observada en Europa, donde algunos gobiernos buscan gestionar problemas internos complejos, como la superpoblación carcelaria o los flujos migratorios, mediante la «externalización» de responsabilidades a terceros países. Estos movimientos, si bien pueden ofrecer un alivio a corto plazo o una reducción de costos visibles, a menudo plantean serias interrogantes éticas y sobre el cumplimiento de los derechos humanos.
Si países ricos comienzan a «exportar» su población reclusa a naciones con sistemas penitenciarios menos costosos –y potencialmente con estándares de derechos humanos más laxos– podría surgir un «mercado penitenciario». Esto incentivaría una competencia a la baja en las condiciones de detención para atraer «clientes», una «carrera hacia el abismo» que perjudicaría fundamentalmente a los reclusos.
Alternativas y el Fondo del Problema
Mientras se debate el alquiler de celdas, el gobierno francés también explora otras vías, como la construcción de unidades penitenciarias modulares para crear 5,000 nuevas plazas rápidamente, destinadas a reclusos con condenas cortas. No obstante, críticos como Annabelle Bouchet señalan que estas son soluciones paliativas que no abordan las causas raíz de la superpoblación: políticas penales excesivamente punitivas, altas tasas de reincidencia, y la falta de inversión en alternativas reales a la prisión, como programas de tratamiento para adicciones y enfermedades mentales.
La construcción de una nueva prisión de máxima seguridad en la Guayana Francesa, anunciada previamente y destinada a yihadistas y narcotraficantes, también ha generado preocupación entre organizaciones de derechos humanos por el extremo aislamiento de los reclusos.
La decisión de alquilar celdas en el extranjero, de concretarse, marcaría un cambio significativo en la política penitenciaria francesa, pero queda por ver si es una solución sostenible o simplemente un parche temporal a un problema estructural mucho más profundo.
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