El gobierno de Brasil ha adjudicado 34 concesiones petroleras, 19 de ellas en la ambientalmente sensible desembocadura del río Amazonas. La decisión, a meses de que el país sea anfitrión de la cumbre climática COP30, desata una ola de críticas y expone una profunda contradicción en su política ambiental.
En un movimiento que ha sido calificado como una «paradoja flagrante», el gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva ha dado luz verde a la expansión de la frontera petrolera en una de las zonas más biodiversas y frágiles del planeta. A través de una subasta récord, la Agencia Nacional del Petróleo (ANP) de Brasil adjudicó 19 bloques para la exploración y producción de petróleo y gas en la Margen Ecuatorial, una vasta área marina frente al delta del río Amazonas.
La subasta, que en total concedió 34 bloques, contó con la participación de gigantes energéticos como la francesa Total, la noruega Equinor y la británica-neerlandesa Shell. Sin embargo, el protagonismo recayó en la estatal Petrobras, que, en consorcio con la portuguesa Petrogal, se adjudicó la mayoría de las áreas más polémicas.
La Justificación Oficial: Petróleo para Financiar la Transición
El gobierno brasileño ha defendido la decisión argumentando que la explotación se realizará con «mucha responsabilidad» y que es un paso necesario para el desarrollo del país. El ministro de Minas y Energía, Alexandre Silveira, afirmó que el objetivo es «llevar la riqueza del petróleo a todas las regiones de Brasil» para financiar la inclusión social y, paradójicamente, la propia transición hacia energías más limpias.
Esta estrategia, conocida como «petróleo para la transición», es un cálculo de realpolitik. El gobierno de Lula parece apostar por utilizar los masivos ingresos de los combustibles fósiles para sostener sus ambiciosos programas sociales y, al mismo tiempo, invertir en el desarrollo de energías renovables a largo plazo.
La COP30: De Celebración a Campo de Batalla
La decisión no podría llegar en un momento más incómodo. Brasil se prepara para ser el anfitrión de la COP30, la cumbre climática de las Naciones Unidas, en la ciudad amazónica de Belém en noviembre. El evento se proyectaba como el escenario para celebrar el regreso de Brasil al liderazgo ambiental global tras los años de Jair Bolsonaro.
Ahora, la cumbre se perfila como un campo de batalla. Organizaciones ambientalistas y comunidades indígenas ya han anunciado que utilizarán la plataforma global para exponer lo que consideran una hipocresía. La Coordinación Nacional de Comunidades Quilombolas (Conaq) y WWF-Brasil han denunciado que la subasta pone en riesgo ecosistemas únicos, como el gran sistema de arrecifes del Amazonas, y amenaza la seguridad alimentaria de miles de familias que dependen de la pesca.
«El mismo país que está en Bonn, Alemania, liderando las negociaciones climáticas, ha subastado 19 nuevos bloques de exploración en la desembocadura del río Amazonas.» – Joan Royo Gual, El País.
Esta cita de un prestigioso medio internacional resume la contradicción que ahora define la política ambiental de Brasil. La subasta petrolera ha manchado la imagen de líder climático que Lula intentaba proyectar, transformando la COP30 de una potencial coronación a un juicio público sobre la coherencia de sus acciones frente a su discurso.
