Asalto hutí a oficinas de la ONU en Saná agrava crisis en Yemen
El sonido de las sirenas y el eco de los pasos militares rompieron la calma aparente de la capital yemení. Este domingo, milicianos afines a los hutíes irrumpieron en la sede de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en Saná, en un ataque que refleja la creciente hostilidad entre el movimiento rebelde y las agencias humanitarias que intentan operar en medio de una de las peores crisis del mundo.
De acuerdo con fuentes locales, los atacantes irrumpieron en las instalaciones, revisaron durante horas las oficinas y confiscaron dispositivos electrónicos, incluyendo computadoras y bases de datos con información sensible de los beneficiarios de ACNUR. Algunos trabajadores locales fueron detenidos temporalmente y liberados después de ser interrogados.
Escalada contra la comunidad internacional
Este nuevo ataque se suma a una serie de incidentes protagonizados por los hutíes contra organismos de la ONU. Apenas un día antes, los rebeldes habían asaltado otras oficinas de Naciones Unidas en Saná, incluyendo las del enviado especial para Yemen, las de la FAO y viviendas de empleados del Programa Mundial de Alimentos (PMA).
En aquella ocasión, dos trabajadores permanecieron detenidos y no han sido liberados, lo que ha generado preocupación en la comunidad internacional sobre la seguridad del personal humanitario. Estos hechos marcan un patrón de creciente agresión contra las organizaciones que asisten a la población civil en un país devastado por la guerra y la pobreza extrema.
Un mensaje político disfrazado de represión
Desde agosto, los ataques a agencias internacionales se han vuelto más frecuentes. El líder de los hutíes, Abdelmalek al Huti, ha acusado reiteradamente a la ONU y a sus organismos de “espionaje” y de realizar actividades “agresivas” contra los intereses de su movimiento. Estas declaraciones han sido interpretadas por analistas como una estrategia para consolidar el control interno en las zonas que dominan, reforzando su narrativa de resistencia frente a potencias extranjeras y debilitando la influencia internacional en Yemen.
La confiscación de bases de datos y equipos electrónicos no solo representa un riesgo operativo para ACNUR, sino también una amenaza directa a la seguridad de miles de refugiados y desplazados que dependen de la ayuda humanitaria. La posibilidad de que esta información sea utilizada para intimidar o controlar a beneficiarios eleva la preocupación sobre posibles represalias y violaciones a los derechos humanos.
Yemen, un país dividido y en permanente tensión
Yemen sigue siendo un tablero fragmentado. El país está dividido entre los territorios controlados por el gobierno reconocido internacionalmente —apoyado por la coalición militar encabezada por Arabia Saudí— y los hutíes, respaldados por Irán, que dominan Saná y amplias zonas del norte y el oeste.
El conflicto, que comenzó en 2014 con la toma de la capital por parte de los hutíes, ha dejado una crisis humanitaria sin precedentes: millones de personas desplazadas, brotes de hambruna y un colapso total de los servicios básicos. La presencia de agencias de la ONU en Yemen ha sido clave para contener el deterioro, pero los recientes asaltos ponen en riesgo la continuidad de las operaciones.
Silencio internacional y temor entre los trabajadores
Fuentes cercanas a las agencias afectadas describen un ambiente de miedo entre los trabajadores humanitarios locales. Muchos han optado por no acudir a sus oficinas hasta que se garantice su seguridad, mientras que los organismos internacionales estudian medidas para reducir el personal en Saná y reubicar operaciones en áreas más seguras del sur del país.
La ONU denunció la semana pasada que al menos 53 de sus empleados siguen detenidos arbitrariamente por los hutíes. A pesar de las negociaciones y los llamados diplomáticos, el grupo rebelde no ha mostrado disposición a liberar a todos los trabajadores ni a permitir la normalización de las operaciones.
La ayuda humanitaria, rehén del conflicto
La irrupción de los hutíes en las oficinas de ACNUR y otros organismos representa un golpe directo a la infraestructura de asistencia humanitaria. Cada ataque retrasa la entrega de alimentos, medicinas y refugio a millones de yemeníes que dependen de la ayuda internacional para sobrevivir.
Organismos defensores de derechos humanos advierten que los hutíes buscan utilizar la presión sobre la ONU como herramienta política, en un contexto donde las sanciones internacionales y el aislamiento diplomático han debilitado su capacidad de negociación.
La confiscación de datos y la intimidación al personal humanitario podrían, además, afectar la transparencia y la eficacia de los programas de ayuda, generando desconfianza y alejando recursos vitales para la población civil.
Un país al borde del colapso
Con la guerra estancada, el hambre creciendo y las instituciones colapsadas, Yemen se enfrenta a un escenario desolador. Las agencias de la ONU han sido uno de los pocos pilares de estabilidad en medio del caos, pero su permanencia ahora está en duda.
El ataque a ACNUR no solo simboliza la fragilidad del orden humanitario, sino la pérdida de control de la comunidad internacional sobre uno de los conflictos más olvidados del planeta. La población civil, atrapada entre la violencia y el abandono, continúa pagando el precio de una guerra sin final a la vista.
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