El gobierno brasileño, bajo la administración de Luiz Inácio Lula da Silva, se encuentra en el centro de una creciente controversia ambiental. A pesar de posicionarse como un defensor de la Amazonía y prepararse para albergar la crucial cumbre climática de las Naciones Unidas (COP30) en la región, se han acelerado una serie de proyectos extractivistas y de infraestructura que amenazan la integridad del mayor bosque tropical del planeta. Estas decisiones han desatado la furia de organizaciones ambientalistas y han expuesto divisiones dentro del propio gabinete.
Proyectos Polémicos Toman Impulso
Varias iniciativas han encendido las alarmas de la comunidad ambientalista nacional e internacional:
* Perforación Petrolera Offshore: Uno de los proyectos más cuestionados es el impulso dado por el propio presidente Lula a la exploración petrolera en la Margen Ecuatorial, una vasta área marítima frente a la costa amazónica. La petrolera estatal Petrobras recibió luz verde para un plan de emergencia de perforación exploratoria a unos 160 kilómetros de la costa, después de que el Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables (IBAMA) aprobara dicho plan el 19 de mayo de 2025. Esta decisión se produjo tras una apelación de la empresa, apoyada por Lula, luego de un rechazo inicial de la agencia ambiental. Otras empresas como Shell y BP también poseen concesiones en la región.
* Explosión de Rocas en el Río Tocantins: Apenas una semana después de la aprobación para la perforación petrolera, IBAMA autorizó una operación de voladura de rocas a lo largo de 40 kilómetros del río Tocantins. El objetivo es facilitar la navegación durante todo el año, lo que se considera crítico para la exportación de soja, principalmente hacia China. Sin embargo, la Fiscalía Federal ha calificado esta autorización como ilegal, argumentando que no se abordaron adecuadamente los problemas ambientales señalados durante los estudios previos, y ha presentado una demanda para anularla.
* Pavimentación de la Carretera BR-319: El Congreso brasileño también está avanzando en medidas que podrían facilitar la pavimentación completa de la carretera BR-319, una vía de aproximadamente 900 kilómetros que atraviesa una zona prístina de la Amazonía occidental. Una ley aprobada recientemente por el Senado elimina la necesidad de revisiones ambientales exhaustivas para mejoras en carreteras existentes, lo que allanaría el camino para este controvertido proyecto.
El Contraste: Discurso Ambiental vs. Realidad Extractivista
Estas decisiones contrastan fuertemente con el discurso ambiental que caracterizó la campaña presidencial de Lula en 2022, donde la protección de la Amazonía fue un pilar central frente a las políticas de su predecesor, Jair Bolsonaro, bajo cuyo mandato la deforestación y las actividades ilegales en la selva alcanzaron niveles alarmantes.
El presidente Lula ha argumentado que Brasil tiene la capacidad de avanzar en su desarrollo económico sin sacrificar la protección ambiental, citando como ejemplo que otras naciones desarrolladas también producen petróleo. Paradójicamente, mientras se aprueban estos proyectos, Lula también ha hecho llamados a los países ricos para que contribuyan financieramente a la protección de la Amazonía, especialmente en contextos de crisis como las recientes olas de incendios forestales.
Voces Críticas y Divisiones en el Gabinete
Las críticas no se han hecho esperar. Numerosas organizaciones ambientalistas denuncian que estas acciones socavan la credibilidad de Brasil como líder ambiental y ponen en riesgo los avances logrados en la reducción de la deforestación. El Climate Observatory, una red de más de un centenar de organizaciones, advirtió que la combinación de estas medidas podría significar «el fin de las protecciones ambientales y las demarcaciones de tierras indígenas en el país», desatando una «bomba de carbono contra el clima global».
Suely Araújo, coordinadora de políticas públicas del Observatorio del Clima y expresidenta de IBAMA, ha señalado que «se ha creado una cortina de humo alrededor del bloque 59», refiriéndose al área de exploración petrolera, insinuando que los verdaderos alcances e impactos se están minimizando.
* «La combinación de estas medidas es ‘la combinación perfecta para acabar con las protecciones ambientales y las demarcaciones de tierras indígenas en el país, acelerar el punto de inflexión de la selva tropical más grande del mundo y desatar una bomba de carbono contra el clima global’.» (Climate Observatory ).
Estas políticas también han generado fisuras dentro del gobierno. La Ministra de Medio Ambiente, Marina Silva, una figura emblemática de la lucha ambiental, se ha mostrado crítica y ha advertido que la nueva legislación sobre licencias ambientales representa un «riesgo real de retroceso». Sin embargo, informes de medios brasileños sugieren que Silva está cada vez más aislada dentro del gabinete, mientras otros ministros, como el de Transporte, apoyan abiertamente proyectos como la pavimentación de la BR-319.
La Amazonía en la Encrucijada: Petróleo, Soja y COP30
La situación es particularmente delicada dado que Brasil se prepara para ser el anfitrión de la COP30 en Belém, en el corazón de la Amazonía. La credibilidad del país como líder en la lucha contra el cambio climático está en juego. Mientras tanto, la Agencia Nacional del Petróleo (ANP) de Brasil tiene identificados 321 bloques petroleros offshore en la costa amazónica, de los cuales 25 ya tienen concesiones, 47 están en oferta permanente y al menos 250 se encuentran en fase de estudio. Estos proyectos amenazan ecosistemas únicos, como la mayor franja continua de manglares del mundo, donde un derrame de petróleo tendría consecuencias catastróficas e irreversibles.
Análisis Profundo: Las Complejas Contradicciones de Lula
La celeridad con la que se están aprobando proyectos extractivistas en la Amazonía, a pesar del vehemente discurso pro-ambiental del presidente Lula y la inminente celebración de la COP30 en suelo brasileño, saca a la luz una profunda y compleja tensión. Esta tensión se manifiesta entre las presiones económicas internas, como la necesidad de generar ingresos a través de la exportación de petróleo y soja, y los compromisos climáticos que Brasil ha asumido ante la comunidad internacional. Todo indica que los intereses económicos de corto plazo, impulsados por sectores poderosos como el agronegocio y las empresas petroleras, podrían estar prevaleciendo sobre la agenda ambiental, incluso dentro de una administración que se proyecta globalmente como la principal defensora de la Amazonía. La aparente marginalización de figuras clave como la Ministra de Medio Ambiente, Marina Silva, es un síntoma preocupante de esta dinámica interna.
Esta aparente contradicción en la política del gobierno de Lula podría tener consecuencias significativas. A nivel internacional, podría debilitar de manera considerable la posición de liderazgo de Brasil en las negociaciones climáticas globales y erosionar la confianza de la comunidad internacional, así como de los inversores que priorizan la sostenibilidad. Si la explotación de la Amazonía se intensifica, se corre el riesgo real de acelerar el temido «punto de no retorno» del ecosistema, un escenario con consecuencias climáticas potencialmente devastadoras a escala planetaria. Esto no solo socavaría cualquier avance logrado en la reducción de la deforestación, sino que también pondría en tela de juicio la viabilidad de un modelo de desarrollo verdaderamente sostenible para Brasil y la región amazónica en su conjunto.
