Yucatán recibirá este año recursos federales e insumos por un valor total de 204.8 millones de pesos para fortalecer diversas acciones de salud pública, de acuerdo con un convenio de coordinación firmado entre la Secretaría de Salud federal y el Gobierno del Estado, publicado en el Diario Oficial de la Federación.
El acuerdo contempla la transferencia de 64.1 millones de pesos en recursos presupuestarios y la entrega de 140.6 millones de pesos en insumos federales destinados a programas de prevención, vigilancia epidemiológica, control de enfermedades y atención a grupos prioritarios.
¿Adónde se va el dinero?
Entre todos los programas contemplados, el que recibirá la mayor cantidad de recursos será el de salud sexual y reproductiva, a cargo del Centro Nacional de Equidad de Género, Salud Sexual y Reproductiva. Este rubro contará con 25.3 millones de pesos para acciones relacionadas con atención a adolescentes, planificación familiar, salud materna, salud perinatal, prevención de la violencia de género, aborto seguro e igualdad de género.
Dentro de este apartado, la mayor inversión se dirigirá a los servicios de salud sexual y reproductiva en general, con casi 21 millones de pesos. También destacan los recursos para atención a adolescentes, con 8.4 millones; salud perinatal, con 4.8 millones; salud materna, con 2.8 millones; y violencia de género, con 1.7 millones de pesos.
El segundo rubro con más recursos será el destinado a la prevención y control de enfermedades, que contará con una bolsa superior a los 30.1 millones de pesos. En este apartado se incluyen programas enfocados en enfermedades transmitidas por vectores, como el dengue, así como enfermedades cardiometabólicas, envejecimiento saludable, salud bucal, enfermedades diarreicas y atención a emergencias sanitarias.
El combate al dengue por sí solo recibirá 19 millones de pesos, convirtiéndose en el programa individual con la asignación más alta de todo el convenio. Además, se contemplan recursos para el control de la enfermedad de Chagas, leishmaniasis y otras enfermedades transmitidas por vectores.
Atención a diabetes e hipertensión
Otro de los programas con mayor presupuesto será el de enfermedades cardiometabólicas, con casi 6 millones de pesos destinados a acciones de prevención y atención relacionadas con padecimientos como diabetes, hipertensión y otros problemas crónicos que representan una importante carga para los sistemas de salud.
La atención al envejecimiento ocupará también un lugar relevante dentro de la estrategia sanitaria, con una asignación superior a los 2.1 millones de pesos. A ello se suman recursos para enfermedades diarreicas agudas, emergencias en salud y enfermedades respiratorias crónicas.
Lucha contra el VIH
En cuarto lugar se encuentra el programa de VIH y otras infecciones de transmisión sexual, que recibirá 3.1 millones de pesos para acciones de prevención, diagnóstico, vigilancia y atención. El convenio no contempla recursos específicos para hepatitis C dentro de esta asignación.
Los programas de promoción de la salud recibirán poco más de 2.5 millones de pesos para impulsar acciones comunitarias, estilos de vida saludables, salud ambiental, movilidad humana, promoción del autocuidado y campañas de comunicación en salud pública.
Por su parte, la vigilancia epidemiológica y de laboratorio contará con 1.4 millones de pesos para el monitoreo de enfermedades, detección oportuna de riesgos sanitarios y fortalecimiento de la capacidad de respuesta ante posibles brotes.
La prevención de accidentes y lesiones no intencionales dispondrá de 774 mil pesos para actividades orientadas a reducir riesgos en la población, mientras que la coordinación territorial y participación comunitaria en salud pública recibirá cerca de 798 mil pesos para fortalecer el trabajo preventivo en las comunidades.
De acuerdo con el convenio, todos estos recursos deberán destinarse exclusivamente a los programas autorizados y estarán sujetos a mecanismos de supervisión, comprobación y rendición de cuentas por parte de autoridades federales y estatales. Asimismo, los recursos no ejercidos al cierre de 2026 deberán ser reintegrados a la Tesorería de la Federación.
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