El gobierno federal destinó un total de 5 millones 765 mil 746 pesos al estado de Yucatán para modernizar sus servicios catastrales y registrales, con el objetivo de garantizar mayor certeza jurídica patrimonial y mejorar la planeación territorial en beneficio de la ciudadanía. De esa suma, 2 millones provienen de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), mientras que el gobierno estatal aportará el resto con recursos propios.
El apoyo económico fue formalizado mediante un conveniosuscrito entre SEDATU y el gobierno de Yucatán, y forma parte del Programa de Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros (PEMI), cuyo propósito es vincular la información registral y catastral, integrarla en plataformas digitales nacionales y fortalecer la eficiencia de las instituciones encargadas.
Esta inversión es necesaria para consolidar el uso de tecnologías de información en la administración del territorio. La modernización incluye actualización de bases de datos, limpieza y homologación de registros, incorporación de sistemas digitales, así como mejoras en los procesos técnicos y administrativos de los catastros municipales y del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán (Insejupy).
La importancia de este esfuerzo radica en que los catastros actualizados permiten una mejor recaudación del impuesto predial, reducen la incertidumbre sobre la propiedad de los bienes inmuebles y optimizan la toma de decisiones urbanas. Asimismo, brindan mayor seguridad jurídica tanto a propietarios como a inversionistas, lo cual puede incentivar el desarrollo económico.
Además de contribuir a la justicia territorial, este tipo de programas fortalecen la transparencia y la rendición de cuentas, al establecer mecanismos de interoperabilidad entre dependencias y garantizar que la información esté al servicio de la ciudadanía. El convenio también establece auditorías, controles y una supervisión constante por parte de autoridades federales y estatales.
Los recursos deberán aplicarse exclusivamente en los conceptos aprobados en el PEMI, como la adquisición de equipo tecnológico, software especializado y capacitación del personal. Cualquier desvío o subejercicio será sancionado y los fondos deberán devolverse a la Tesorería de la Federación si no se ejercen dentro del plazo establecido.
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