Quintana Roo registró una disminución de 32.9% en la tasa de establecimientos comerciales y empresas que fueron víctimas de algún delito entre 2023 y 2025, colocándose como la entidad con la mayor reducción de este indicador en el país, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) 2026, dados a conocer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
La gobernadora Mara Lezama Espinosa destacó estos resultados al señalar que representan un avance en las condiciones de seguridad para los propietarios de negocios, comerciantes y empresarios que desarrollan sus actividades económicas en el estado.
«Disminuimos en 32.9% la tasa de establecimientos que fueron víctimas de algún delito entre 2023 y 2025, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) 2026 del INEGI», expresó la mandataria estatal.
La reducción corresponde a la proporción estimada de establecimientos que experimentaron al menos un delito durante el periodo de referencia de la encuesta, por lo que no significa que todos los delitos contra negocios hayan disminuido en ese mismo porcentaje.
El resultado cobra relevancia para Quintana Roo, cuya actividad económica depende en buena medida del turismo, el comercio y los servicios, sectores en los que operan miles de establecimientos que pueden enfrentar delitos como robos, extorsiones y fraudes.
Quintana Roo encabeza reducción nacional en victimización empresarial
De acuerdo con los datos destacados por el Gobierno de Quintana Roo, la entidad presentó la mayor disminución nacional en la tasa de establecimientos víctimas de delitos entre los periodos analizados por el INEGI.
Este indicador permite conocer qué proporción de las unidades económicas sufrió al menos un delito, independientemente de si los hechos fueron denunciados ante las autoridades.
La gobernadora consideró que la disminución representa una mejora para quienes mantienen en funcionamiento sus establecimientos y contribuyen a la generación de empleos.
«Este resultado representa mayor seguridad y tranquilidad para quienes todos los días abren sus negocios, generan empleos y contribuyen a la economía de nuestro estado», señaló Mara Lezama.
Sin embargo, una reducción en la tasa de victimización no significa que los delitos contra empresas hayan desaparecido, ni permite determinar por sí sola cuántos casos de extorsión, robo o fraude se registraron en cada municipio.
Para conocer el alcance del resultado también es necesario considerar la incidencia delictiva por tipo de delito, la frecuencia con la que los establecimientos fueron víctimas y el porcentaje de hechos que no se denunciaron.
De 3 mil 330 a 2 mil 233 negocios víctimas de delitos por cada 10 mil
Los resultados oficiales del INEGI permiten dimensionar la disminución registrada en Quintana Roo. Durante 2023, la tasa de prevalencia delictiva fue de 3 mil 330 establecimientos víctimas por cada 10 mil unidades económicas, mientras que para 2025 descendió a 2 mil 233.
Esto significa que, por cada 10 mil negocios, se estimaron mil 97 establecimientos víctimas menos que dos años antes, una reducción relativa de 32.9%.
La disminución fue la mayor entre las 32 entidades federativas, seguida por Sonora, con una caída de 32.1%; Jalisco, con 28.3%, y Guanajuato, con 24.8%.
Además, la tasa de Quintana Roo se ubicó por debajo del promedio nacional de 2 mil 593 establecimientos víctimas por cada 10 mil unidades económicas durante 2025.
Las cifras se encuentran en el reporte oficial de resultados de la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas 2026 del INEGI, publicado el 10 de noviembre, que compara los resultados de 2023 y 2025.
Sin embargo, aunque Quintana Roo encabezó la reducción porcentual, no fue la entidad con la menor tasa de victimización empresarial. Ese lugar correspondió a Yucatán, con mil 800 establecimientos víctimas por cada 10 mil, seguido de Jalisco y Guerrero.
Extorsión y robo siguen afectando a negocios en Quintana Roo
Pese a la disminución de la victimización empresarial, la extorsión y los robos continúan representando riesgos para los establecimientos comerciales y prestadores de servicios.
A nivel nacional, el INEGI estimó que durante 2025 aproximadamente 1.4 millones de unidades económicas fueron víctimas de algún delito, equivalente al 25.9% de los establecimientos del país.
En conjunto, estos negocios sufrieron alrededor de tres millones de delitos, entre los que destacaron la extorsión y el robo hormiga.
Otro de los datos relevantes fue la cifra oculta, pues el 91.8% de los delitos contra empresas no fue denunciado o no derivó en la apertura de una carpeta de investigación, lo que refleja las dificultades que todavía existen para conocer la totalidad de los hechos delictivos. INEGI
En Quintana Roo, las investigaciones recientes de la Fiscalía también han documentado casos relacionados con el cobro de cuotas ilegales a trabajadores y comerciantes.
Como informó La Verdad Noticias, las extorsiones contra taxistas y mototaxistas de Quintana Roo incluyeron exigencias de pagos semanales de hasta 400 pesos, así como amenazas y agresiones contra quienes se negaban a entregar dinero.
Asimismo, las investigaciones contra redes de préstamos conocidas como gota a gota han revelado mecanismos de presión y amenazas contra personas y pequeños negocios que enfrentan dificultades para pagar sus deudas.
Estos casos muestran que, aunque la encuesta registra una reducción general en la victimización empresarial, persisten delitos que afectan directamente la operación y la seguridad de determinados sectores económicos.
Mara Lezama atribuye disminución al trabajo coordinado en seguridad
Ante los resultados del INEGI, la gobernadora Mara Lezama destacó la coordinación entre las instituciones federales, estatales y municipales como parte de las acciones para combatir los delitos que afectan al sector empresarial.
«Esto es resultado del trabajo coordinado del Grupo Interinstitucional de Seguridad, integrado por la SEDENA, SEMAR, Guardia Nacional, CNI, FGR, Fiscalía General del Estado, Secretaría de Seguridad Ciudadana, Instituto Nacional de Migración y las policías municipales, entre otras instancias», expresó.
La mandataria señaló que uno de los objetivos de esta colaboración es fortalecer las acciones de prevención e investigación de delitos como la extorsión y el robo a establecimientos comerciales.
«Juntas y juntos fortalecemos la prevención y el combate a delitos como la extorsión y el robo a comercios», agregó.
No obstante, aunque el Gobierno estatal atribuye la disminución a estas acciones de coordinación, la encuesta del INEGI mide las experiencias de victimización de las empresas y no establece por sí misma una relación directa entre los resultados y una estrategia específica de seguridad.
La gobernadora reiteró que las autoridades mantendrán las acciones conjuntas para reducir los delitos que afectan a los establecimientos y a las personas que dependen de ellos.
«¡Seguimos sumando esfuerzos por un Quintana Roo más seguro para todas y todos!», concluyó.
¿Qué mide la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas?
La ENVE es un estudio realizado por el INEGI cada dos años para conocer la incidencia de delitos contra establecimientos del sector privado, incluyendo empresas dedicadas al comercio, los servicios y la industria.
A diferencia de los registros de las fiscalías, que contabilizan las denuncias y carpetas de investigación, esta encuesta también considera los delitos que las empresas reportan haber sufrido, aunque no hayan acudido ante las autoridades.
La edición 2026 se levantó entre el 17 de marzo y el 15 de mayo, mediante una muestra nacional de 36 mil 442 unidades económicas, y sus resultados de victimización corresponden al año 2025.
Por ello, los datos permiten comparar cómo cambió la proporción de negocios afectados entre 2023 y 2025, pero no describen necesariamente la situación delictiva de los últimos meses de 2026.
En el caso de Quintana Roo, la reducción de 32.9% representa una mejora estadísticamente significativa en la tasa de victimización empresarial. Sin embargo, los resultados también muestran la importancia de mantener la vigilancia sobre delitos como la extorsión, el robo y las amenazas, especialmente entre los pequeños negocios que dependen de sus ingresos diarios para continuar operando.
