En el municipio de Tultitlán, Estado de México, un grupo de más de cien habitantes de la colonia Cuarta Transformación (4T) ha decidido alzar su voz. Estos vecinos decidieron tomar una medida drástica: marchar desde su comunidad, ubicada sobre la autopista México-Toluca, hacia la capital del Estado de México, Toluca, con la esperanza de ser escuchados por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez. El objetivo de la marcha es claro: que la mandataria morenista intervenga ante las autoridades municipales para frenar el cambio de nombre de su colonia, originalmente conocida como “El Paraje Firmesa”.
El cambio de nombre que desató la controversia
El conflicto comenzó a finales del año pasado, cuando la administración local decidió cambiar el nombre de la colonia 4T, junto con varias de las calles que la componen. La nueva nomenclatura buscaba reflejar conceptos relacionados con la Cuarta Transformación, el movimiento encabezado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Calles como “Salario Mínimo”, “Guardia Nacional”, “Canasta Alimentaria”, “Internet para todos”, “Parque Lago Texcoco” y “Becas Benito Juárez”, entre otras, fueron renombradas, lo que provocó el descontento de los vecinos, quienes aseguran no haber sido consultados previamente sobre estos cambios.
El sentimiento de desafección de los vecinos
Los residentes de la colonia 4T no solo expresaron su malestar por el cambio de nombre de sus calles, sino que también sienten que las autoridades están intentando borrarlos de la historia. Los nombres que ahora adornan las calles, muchos de ellos relacionados con políticas públicas de la administración de López Obrador, se consideran por los vecinos como símbolos de un proyecto político que no representa sus intereses ni sus raíces.
En respuesta a estas modificaciones, los pobladores iniciaron una recolección de firmas para exigir que el nombre de la colonia vuelva a ser el original, «El Paraje Firmesa». A lo largo de las últimas semanas, varios residentes retiraron las nuevas placas de calle, un acto de resistencia contra las decisiones tomadas sin su consulta. Además, el pasado 8 de enero, se registraron enfrentamientos entre vecinos y fuerzas de seguridad que intentaron evitar que los pobladores siguieran quitando los letreros.
La reacción de la alcaldesa Ana María Castro
Frente a las protestas de los habitantes, la alcaldesa Ana María Castro defendió la decisión de cambiar los nombres. En su declaración, justificó los cambios como una forma de modernizar y darle una nueva identidad a la comunidad, argumentando que «vivir en una calle que se llame Gustavo Díaz Ordaz, un asesino del movimiento estudiantil de 1968, no era digno». Además, destacó que la colonia no estaba oficialmente registrada como comunidad en los registros municipales, lo que facilitó el proceso de renombrar calles y espacios.
La marcha que quedó varada en la autopista
El 21 de enero, un centenar de vecinos abordaron varias combis con destino a Toluca, pero la manifestación encontró un obstáculo inesperado. Los conductores de las unidades, bajo presiones de las autoridades, los obligaron a descender de los vehículos en plena autopista México-Toluca, cerca de La Marquesa. En un video difundido por el periodista Arturo Contreras, se escucha a uno de los choferes explicar que las autoridades estaban contando el tiempo y que las consecuencias de seguir adelante podrían ser graves.
Esta acción dejó a los vecinos varados en la autopista, generando indignación entre los manifestantes. Sin embargo, lejos de rendirse, los pobladores decidieron continuar a pie, buscando otros medios de transporte para llegar a su destino. En un acto de perseverancia, muchos de ellos portaban las hojas con las firmas recolectadas y las placas de calle que habían retirado como símbolo de su protesta.
La exigencia de diálogo con la gobernadora
Los vecinos de la colonia 4T no buscan solo una reunión con la alcaldesa; su objetivo es un diálogo directo con la gobernadora Delfina Gómez Álvarez. La reunión busca abordar, no solo el problema del cambio de nombre, sino también la necesidad de que las autoridades municipales y estatales respeten la identidad de las comunidades y trabajen de la mano con los ciudadanos en la toma de decisiones que afecten sus vidas.
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