En un esfuerzo por garantizar la educación inclusiva y reducir barreras económicas, la legisladora Patricia Urriza Arellano, de Movimiento Ciudadano (MC), presentó una propuesta revolucionaria: hacer del transporte gratuito para estudiantes y grupos vulnerables un derecho constitucional en la Ciudad de México. Esta iniciativa busca que programas como Universitarios en Movimiento trasciendan gobiernos y se conviertan en políticas de largo plazo, brindando movilidad gratuita y segura.
La justificación detrás de la propuesta
Para muchos estudiantes, especialmente aquellos provenientes de zonas periféricas o del Estado de México, el costo del transporte público representa un desafío significativo. Según datos de la encuesta Origen-Destino 2017, los viajes escolares ocupan el 72% del total, lo que equivale a más de seis millones de personas movilizándose diariamente.
Urriza destacó que un estudiante promedio gasta aproximadamente $600 al mes solo en transporte, una cifra que para muchas familias puede marcar la diferencia entre inscribirse o abandonar un semestre escolar.
«Ningún estudiante debería dejar de asistir a la escuela por no tener recursos para el transporte. Este derecho debe ser constitucional y transexenal», enfatizó la legisladora.
¿Qué propone la iniciativa?
La propuesta contempla modificar los artículos 7 y 8 de la Constitución de la Ciudad de México para:
- Garantizar la movilidad gratuita y segura de estudiantes, niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad.
- Incorporar el programa Universitarios en Movimiento como un derecho constitucional que no dependa de la administración en turno.
- Promover el acceso a la educación al eliminar barreras económicas vinculadas al transporte.
El impacto económico y social
La implementación de un vale de transporte gratuito podría tener un impacto positivo en múltiples niveles:
- Educación: Aumentaría la matrícula escolar y reduciría el abandono.
- Movilidad: Promovería el uso del transporte público, reduciendo el tráfico vehicular.
- Economía familiar: Disminuiría el gasto mensual de las familias, especialmente las de escasos recursos.
Además, esta iniciativa responde a un derecho clave: la movilidad como puerta de acceso a otros derechos fundamentales, como la educación y la salud.
Retos y oportunidades
Aunque la propuesta es ambiciosa, enfrenta desafíos en términos de financiamiento y logística. Sin embargo, el respaldo político y social que ya ha generado podría acelerar su aprobación en el Congreso capitalino.
Movimiento Ciudadano se posiciona como un aliado de los jóvenes y grupos vulnerables, buscando fortalecer políticas públicas de largo plazo.
La iniciativa para hacer constitucional el transporte gratuito no solo beneficiaría a estudiantes universitarios, sino también a niñas, niños y adolescentes en situación vulnerable. Este programa podría convertirse en un modelo a seguir para otras entidades del país, asegurando que la educación y la movilidad sean derechos verdaderamente universales.
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