La Universidad Veracruzana (UV) atraviesa una profunda crisis institucional. La prórroga de cuatro años otorgada al rector Martín Aguilar Sánchez por la Junta de Gobierno, sin un proceso de elección, ha provocado el rechazo público de exrectores y un intenso debate sobre la legalidad y legitimidad de la medida.
La máxima casa de estudios de Veracruz se encuentra en el ojo del huracán. La decisión de la Junta de Gobierno de la Universidad Veracruzana (UV) de extender el periodo del actual rector, Martín Aguilar Sánchez, hasta 2029 ha desatado una ola de críticas y señalamientos que ponen en tela de juicio la autonomía y los procesos democráticos de la institución.
La controversia escaló a un nuevo nivel cuando tres exrectores de la UV —Sara Ladrón de Guevara, Raúl Arias Lovillo y Víctor Arredondo Álvarez— hicieron un llamado público a desconocer la prórroga, argumentando que la medida carece de fundamento legal y atenta contra la vida institucional de la universidad.
Los Argumentos de la Junta de Gobierno
En un comunicado oficial, la Junta de Gobierno defendió su resolución, asegurando que se tomó tras un «proceso colegiado, plural y jurídicamente fundado». Sostienen que la decisión se basó en el marco legal vigente, incluyendo la Ley de Autonomía de la UV y su Estatuto General, que en su artículo 25 contempla la posibilidad de una prórroga por un periodo consecutivo.
La Junta argumenta que la medida busca «preservar la estabilidad institucional» y proteger la autonomía universitaria. Afirman haber realizado una consulta a la comunidad en todas las regiones y haber evaluado positivamente tanto los resultados de la gestión 2021-2025 como el plan de trabajo propuesto para el siguiente cuatrienio.
> «La Junta de Gobierno de la Universidad Veracruzana (UV) resolvió aprobar la prórroga de Martín Gerardo Aguilar Sánchez como rector de la institución para el periodo que comprende del 1 de septiembre de 2025 al 31 de agosto de 2029.» – Comunicado Oficial de la UV.
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El Rechazo y la Grieta Institucional
A pesar de la defensa oficial, la oposición a la medida ha sido contundente. Antes de la resolución, la polémica ya había provocado renuncias dentro de la propia Junta de Gobierno y marchas de estudiantes y académicos que exigían un proceso de elección abierto y transparente.
Los críticos, entre ellos la académica Marisol Luna, argumentan que se está perdiendo la oportunidad de tener una «UV de vanguardia» al evitar la competencia de ideas y proyectos que un proceso electoral traería consigo. Además, se ha cuestionado la legitimidad de la «consulta» realizada por la Junta, calificándola como un «llamado abierto que excluye a muchos».
La situación se complica con la postulación formal de otros aspirantes, como el Dr. Rafael Vela Martínez, cuya solicitud fue recibida por la Junta, pero cuyo futuro en la contienda es ahora incierto ante la aprobación de la prórroga.
La fractura es evidente. Por un lado, una rectoría y una Junta de Gobierno que apelan a la legalidad y la estabilidad. Por el otro, un sector significativo de la comunidad universitaria, incluyendo a sus exlíderes, que denuncian un proceso opaco que atenta contra los principios democráticos de la institución. Esta pugna definirá el rumbo de la Universidad Veracruzana en los próximos años y pone a prueba la fortaleza de su autonomía.
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