Integrantes de la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica (Anuee) realizaron un mitin frente a Palacio Nacional para exigir al gobierno de Claudia Sheinbaum una solución definitiva a los adeudos por el servicio de luz y el reconocimiento de la electricidad como un derecho humano.

La organización, que agrupa a miles de usuarios de la extinta Luz y Fuerza del Centro, también solicitará una reunión con el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ministro Hugo Aguilar, con el fin de avanzar hacia una negociación que ponga fin a un conflicto que se arrastra desde hace más de 15 años.

Exigen reconocimiento de la electricidad como un derecho humano

Durante la manifestación, el coordinador nacional de la Anuee, Juan Carlos Escalante, explicó que el movimiento busca un acuerdo de fondo con el gobierno federal. La prioridad, dijo, es que se condonen los adeudos de miles de familias que no han podido cubrir los cobros de energía eléctrica desde la desaparición de Luz y Fuerza del Centro.

“Se entregarán dos documentos: uno a la presidenta de la República y otro al presidente de la Suprema Corte. En ambos pedimos audiencias públicas para poder perfilar una negociación justa que resuelva el conflicto”, afirmó Escalante.

La Anuee sostiene que la energía eléctrica debe considerarse un derecho humano, al ser indispensable para la vida moderna, la educación, la salud y el trabajo. En ese sentido, plantean que la condonación de adeudos y la creación de una tarifa social justa serían pasos fundamentales hacia una política energética más equitativa.

Un conflicto que afecta a 50 mil usuarios

Actualmente, el movimiento mantiene colaboración con el gobierno federal para determinar la cartera vencida que se ha acumulado durante años. Según Escalante, se están elaborando dos listados —uno en noviembre y otro en enero próximo— con los nombres de las personas afiliadas a la Anuee que presentan adeudos ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Con base en esos datos, la CFE entregará un cálculo total del monto que adeudan los aproximadamente 50 mil integrantes de la organización.

De acuerdo con estimaciones de la propia Anuee, la deuda colectiva asciende a más de 2 mil 500 millones de pesos. La organización busca que, una vez determinado el monto, las autoridades evalúen una condonación total, similar a la que se aplicó en Tabasco en 2021, cuando más de 300 mil usuarios fueron beneficiados con la cancelación de sus adeudos.

“Nosotros planteamos una solución justa y definitiva, no más parches. Queremos que se reconozca que los usuarios no son culpables del conflicto derivado de la desaparición de Luz y Fuerza del Centro”, agregó Escalante.

Marcha mensual y demandas sociales

Como parte de su marcha mensual, los integrantes de la Anuee se movilizaron desde las oficinas de la CFE en Insurgentes y Reforma hasta el Zócalo de la Ciudad de México, donde realizaron un mitin pacífico.

En su recorrido, los manifestantes portaron mantas y pancartas en las que exigían “luz para todos” y “tarifas sociales justas”, además de insistir en que el gobierno reconozca las condiciones económicas de las familias trabajadoras que no pueden cubrir los altos costos del servicio eléctrico.

La Anuee mantiene presencia en varias entidades del país, incluyendo Estado de México, Puebla, Hidalgo y Morelos, donde también se han registrado inconformidades por cobros excesivos y cortes de suministro.

Escalante reiteró que el movimiento seguirá presionando a las autoridades para lograr un diálogo que derive en acuerdos concretos. “Queremos una mesa de negociación real, con transparencia y con resultados tangibles para los usuarios”, dijo.

CFE y gobierno, ante el reto de resolver una deuda histórica

El conflicto entre los usuarios de la Anuee y la CFE se ha convertido en un asunto histórico y social, con implicaciones legales, económicas y políticas. Mientras la CFE busca regularizar los pagos y evitar pérdidas financieras, los usuarios reclaman que los altos cobros y las fallas en el servicio han afectado su calidad de vida durante años.

La propuesta de una tarifa social diferenciada podría ser una salida viable, especialmente en zonas con bajos ingresos o en comunidades donde el acceso al servicio ha sido irregular.

Por ahora, la respuesta del gobierno federal será clave para definir el rumbo del conflicto. La apertura al diálogo y la posible condonación parcial o total de adeudos marcarían un precedente importante en la política energética mexicana y en la defensa de los derechos de los consumidores.

Mientras tanto, la Anuee mantiene su compromiso de seguir movilizándose pacíficamente hasta que se logre una solución definitiva.