El periodista Pedro Canché Herrera ha enfrentado numerosos retos y amenazas en el ejercicio de su labor informativa. Su trabajo, centrado en denunciar injusticias y abusos de poder en Quintana Roo, lo ha convertido en blanco de represalias. Uno de los episodios más recientes de acoso en su contra tuvo un desenlace judicial el lunes, cuando un juez dictó sentencia contra Edmundo Hernández Armas por una campaña de amenazas y difamación en redes sociales perpetrada en 2022.
El caso se originó cuando Hernández Armas, residente de Valladolid, Yucatán, recibió 10 mil pesos de su patrón, Alberto Millar López, para difundir información falsa sobre Pedro Canché. A través de su cuenta de Facebook, publicó fotos del domicilio del periodista, incitando a la violencia en su contra, y realizó fotomontajes con el fin de desacreditarlo,en respuesta a una publicación de Canché que vinculaba a Millar López con el despojo de tierras a un anciano en Cancún.
En una revisión del expediente 186/2024, el juez penal federal Juan Manuel Acevedo Mejía sentenció a Hernández Armas a cumplir cinco medidas en un plazo de seis meses, con la advertencia de que, en caso de incumplimiento, el proceso penal continuaría de manera regular. Entre estas sanciones se encuentra la obligación de barrer durante diez sábados el parque o mercado público de Felipe Carrillo Puerto, como forma de servicio comunitario.
Además, el agresor debió ofrecer una disculpa pública en la Sala Penal, compromiso que también debe replicar en las mismas redes sociales donde propagó las amenazas. “Me disculpo por todo lo que dije y lamento, Pedro Canché, lo que puse sin pensarlo”, expresó el lunes 24 de febrero a las 14:00 horas.
Como parte de la sentencia, también se le impuso la obligación de asistir a un curso sobre libertad de expresión impartido por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Además, no podrá cambiar de domicilio y deberá residir en Valladolid durante los seis meses, presentando un comprobante domiciliario. Finalmente, se le prohibió cualquier tipo de contacto con la víctima, ya sea en redes sociales o en persona.
Encarcelado en 2014
Esta no es la primera vez que Pedro Canché ha recibido una disculpa pública por el ejercicio del periodismo independiente en Quintana Roo. En agosto de 2014, fue detenido y acusado de sabotaje, tras cubrir y documentar protestas de la comunidad maya contra el aumento a las tarifas del agua, por parte de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), un organismo gubernamental.
Durante su cobertura, publicó fotografías y videos de las manifestaciones, lo que provocó su arresto el 30 de agosto de 2014. A pesar de las irregularidades en el proceso legal y la falta de pruebas contundentes, permaneció encarcelado durante casi nueve meses. Organizaciones como Artículo 19 y el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) denunciaron su detención como una violación a la libertad de expresión y exigieron su liberación. Finalmente, en mayo de 2015, un tribunal local lo declaró inocente y ordenó su liberación.
Posteriormente, Pedro Canché continuó su labor periodística y emprendió acciones legales contra las autoridades responsables de su detención injusta. En abril de 2017, el gobierno de Quintana Roo le ofreció una disculpa pública y, en 2018, le informó sobre la detención de funcionarios implicados en su caso, incluyendo a un juez y una agente del Ministerio Público, acusados de fabricar pruebas en su contra.
El caso de Pedro Canché es solo un ejemplo de los riesgos que enfrentan comunicadores en el ejercicio de su labor, no sólo en Quintana Roo, sino en todo México. Organizaciones defensoras de la libertad de expresión y los derechos humanos se han pronunciado en repetidas ocasiones sobre la importancia de que desde el Estado se garantice el ejercicio de la labor periodística, un oficio que hasta hoy tiene varios retos pendientes.
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