El sistema de transporte público de Nuevo León se encuentra en el centro de una nueva controversia. El Instituto de Movilidad y Accesibilidad (IMA) aprobó eliminar el esquema de pago por kilómetro a los transportistas para regresar a un modelo basado en el número de pasajeros, una decisión que ha sido duramente criticada por su falta de transparencia.
Los usuarios del transporte público en Monterrey y su área metropolitana enfrentan un nuevo cambio de reglas que podría impactar la eficiencia y disponibilidad de las rutas. La Junta de Gobierno del IMA aprobó este lunes un cambio radical en la forma en que se paga a los concesionarios de las rutas de camiones, una medida que, según las autoridades, busca mejorar la eficiencia pero que ha sido calificada por legisladores como opaca y riesgosa.
La decisión representa una marcha atrás en una política clave de la actual administración y ha abierto un nuevo frente de conflicto entre el gobierno y actores políticos y sociales.
El Viejo Modelo vs. El Nuevo: ¿Qué Cambió?
Para entender la controversia, es clave diferenciar los dos sistemas:
* Sistema Anterior (Pago por Kilómetro): El gobierno pagaba a los transportistas una cantidad fija por cada kilómetro que sus unidades recorrían, sin importar si llevaban uno o cincuenta pasajeros. El objetivo era garantizar que las rutas, incluso las menos concurridas, tuvieran servicio.
* Nuevo Sistema (Híbrido por Pasajero): Ahora, el pago principal será por cada pasajero que aborde la unidad. Se complementará con un pago menor por kilómetro recorrido. Además, la administración de las rutas regresa a manos de los transportistas privados, quienes deberán pagar una renta al estado por el uso de los camiones nuevos.
La Justificación del Gobierno y la Promesa Clave
Según las autoridades estatales, el cambio es una admisión de que el modelo anterior «no logró reducir los tiempos de espera ni garantizar unidades en circulación suficientes». Argumentan que el nuevo esquema, al incentivar la recolección de pasajeros, obligará a los transportistas a mantener sus unidades activas y en las rutas de mayor demanda para que su operación sea rentable.
La promesa clave para los usuarios es que, al menos en el corto plazo, no habrá aumento en las tarifas. El gobierno estatal subsidiará parte del costo operativo para evitar que el cambio se traslade al bolsillo de los pasajeros.
La Densa Sombra de la Duda: Acusaciones de Corrupción
La decisión ha sido fuertemente criticada por la diputada independiente Rocío Montalvo, quien ha denunciado una total «falta de transparencia y de reglas claras» en el proceso.
«No hay reglas claras. (…) La reversa al modelo de pago parece más bien una medida para tapar los actos de corrupción que se han denunciado.» – Rocío Montalvo, Diputada local.
Montalvo señala varias irregularidades graves:
* No se presentó un análisis del impacto económico del cambio.
* Hay empresas transportistas a las que no se les ha pagado desde febrero bajo el esquema anterior.
* La diputada acusa que el cambio es una maniobra para «ocultar la corrupción» del anterior titular del IMA, y anunció que presentará denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción.
El dilema es claro: mientras el gobierno defiende el cambio como una medida de eficiencia, la oposición lo ve como una regresión que podría beneficiar a ciertos grupos y que, sin reglas claras, podría perjudicar la cobertura en rutas menos rentables, dejando a miles de usuarios con un servicio aún más deficiente. La transición, que inicia esta semana, será la prueba de fuego.
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