Quintana Roo figura entre los diez estados de México que más presupuesto destinaron a la promoción y defensa de los derechos humanos en 2023, con 65 millones de pesos. No obstante, el Organismo Público de Derechos Humanos (OPDH) del estado opera sin un Consejo Consultivo, órgano clave para la toma de decisiones estratégicas, y existe una escasa transparencia en la atención de quejas por presuntas violaciones a derechos humanos.
El Censo Nacional de Derechos Humanos Estatal (CNDHE) 2024, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), reveló que en 2023 Quintana Roo registró 3,167 hechos calificados como presuntas violaciones a derechos humanos. Entre las quejas, destacan casos relacionados con violaciones al principio de legalidad en el desempeño de la función pública. Sin embargo, no se ha informado con claridad sobre el seguimiento y la resolución de estas denuncias.
El órgano defensor reportó 42 medidas y acciones para la defensa de los derechos humanos en Quintana Roo durante 2023. De estas, 16 fueron medidas precautorias y 26 conciliaciones. No se registraron recomendaciones formales durante el año.
En comparación con otras entidades, Quintana Roo también registra un número limitado de expedientes concluidos. De las denuncias atendidas, una parte permanece en estatus pendiente, lo que evidencia posibles rezagos en la administración de justicia para las víctimas de violaciones a los derechos humanos.
A nivel nacional, las cifras destacan la necesidad de fortalecer las instituciones encargadas de la protección de los derechos humanos. En el caso de Quintana Roo, la creación e implementación de un Consejo Consultivo podría contribuir a mejorar la gestión y transparencia del OPDH. Esta falta de resultados claros, evidenciados por el Inegi, resalta que es necesario establecer estructuras operativas que garanticen un manejo eficiente de los recursos destinados a la defensa de los derechos humanos.
IMSS acumula más quejas
De acuerdo con el Censo Nacional de Derechos Humanos Estatal 2024, la institución que más quejas acumulo en 2023 por presuntas violaciones a los derechos humanos fue el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
El IMSS fue señalado como probable responsable en el 28.9% de los expedientes calificados como violatorios a nivel nacional. Entre las principales irregularidades identificadas en las quejas destacan la omisión de atención médica y la violación al principio de legalidad en el desempeño de la función pública.
El reporte también indica que otras entidades gubernamentales como los sistemas penitenciarios estatales, el Instituto Nacional de Migración y el Issste figuran con altos niveles de quejas, lo que evidencia retos estructurales en la protección de los derechos humanos en diversos ámbitos de la administración pública de México.
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