Un video que muestra a taxistas agrediendo a un conductor de Uber en Monterrey no es un hecho aislado, sino el síntoma de una profunda falla política y regulatoria del gobierno de Nuevo León, que no ha logrado mediar en el conflicto entre el transporte tradicional y las plataformas digitales.
La violencia que estalló a plena luz del día en el centro de Monterrey, donde un grupo de taxistas fue captado en video agrediendo y robando a un conductor de una plataforma digital, es la consecuencia directa de un vacío de poder y una prolongada inacción política. Este incidente es la punta del iceberg de un conflicto que ha estado hirviendo durante años, alimentado por una regulación ambigua que ha dejado la resolución de disputas en manos de la intimidación y la ley de la selva.
La agresión, ocurrida frente al emblemático Museo de Arte Contemporáneo (MARCO), no solo es un grave problema de seguridad, sino un fracaso de la política pública. Evidencia la incapacidad de las autoridades estatales para establecer un marco legal claro, justo y moderno que permita la coexistencia pacífica y competitiva de los taxis tradicionales y los servicios de transporte por aplicación como Uber o Didi.
Un Vacío Legal que Fomenta la Violencia
El problema de fondo es la falta de una legislación que defina claramente los derechos y obligaciones de cada actor. Este vacío ha creado un entorno de incertidumbre donde los taxistas, sintiendo su sustento amenazado y percibiendo una falta de protección por parte del Estado, recurren a la fuerza para defender lo que consideran su territorio.
Esta percepción de desamparo o, en algunos casos, de tácito apoyo, se ve reforzada por acciones de la propia autoridad. Se han documentado operativos de la Agencia Estatal de Transporte dirigidos específicamente contra vehículos de plataformas digitales, donde se les obliga a bajar pasaje y se decomisan sus unidades, a menudo bajo argumentos de incumplimiento de un reglamento que no está adaptado a la nueva realidad tecnológica.
Estas acciones, lejos de ordenar el sector, envían un mensaje peligroso: que operar un servicio de transporte por aplicación es una actividad cuasi-ilegal. Esto puede envalentonar a los grupos de taxistas más radicales, haciéndoles sentir que tienen una especie de licencia para actuar con violencia contra sus competidores.
«Testigos afirmaron que un hombre… fue detenido por poner resistencia a bajar del vehículo, además de una supuesta agresión a uno de los oficiales», se lee en un reporte sobre un operativo contra Didi y Uber, mostrando la tensión existente entre autoridades y conductores de apps.
La Urgencia de una Solución Política
La agresión frente al MARCO debe ser un llamado de atención para el poder legislativo y ejecutivo de Nuevo León. La solución no puede ser más operativos punitivos ni hacer la vista gorda ante la violencia. Se requiere con urgencia:
- Crear una Ley de Movilidad moderna: Que integre y regule a todas las formas de transporte, estableciendo requisitos claros para taxis y plataformas.
- Garantizar la seguridad: Perseguir y sancionar con todo el peso de la ley cualquier acto de violencia, sin importar de qué lado provenga.
- Fomentar la competencia justa: Establecer reglas equitativas en materia de impuestos, seguros y requisitos de seguridad para todos los participantes del mercado.
Mientras no exista una voluntad política real para abordar el problema de fondo, las calles de Monterrey seguirán siendo el campo de batalla de una guerra no declarada, con los ciudadanos y los conductores como las principales víctimas.
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