Protestas crecen por tarifazo al transporte en Guadalajara en medio de un creciente malestar ciudadano por el aumento al precio del pasaje, que pasará de 9.50 a 14 pesos, un incremento cercano al 50 por ciento anunciado por el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus. Este sábado, cientos de personas volvieron a marchar por el centro de la ciudad, en lo que representa al menos la sexta movilización en lo que va del año contra la medida.
La marcha fue convocada en esta ocasión por el Partido del Trabajo (PT) y partió del parque Revolución rumbo a Palacio de Gobierno, donde se realizó un mitin pese a la ligera llovizna. Durante el recorrido, los manifestantes exigieron que se revierta el aumento tarifario y que el Ejecutivo estatal atienda el exhorto emitido por el Congreso de Jalisco, que solicitó dar marcha atrás al ajuste.
Rechazo ciudadano al aumento del pasaje
El incremento al transporte público ha sido calificado por diversos sectores como desproporcionado, especialmente en un contexto de inflación, precarización laboral y bajos salarios. Para los usuarios, el aumento no va acompañado de mejoras sustanciales en el servicio, lo que ha detonado un amplio rechazo social.
Durante la movilización, se escucharon consignas contra el llamado “tarjetazo”, luego de que el gobernador anunciara que los usuarios que no deseen pagar 14 pesos deberán registrarse obligatoriamente en un sistema de tarjetas bancarias VISA. Este esquema, además de generar preocupación por la entrega de datos personales, contempla el uso de biométricos y geolocalización, así como el cobro de comisiones para acceder a otros servicios públicos y privados.
Amenaza de revocación de mandato
En el mitin, José Luis Sánchez, diputado federal y delegado nacional del PT en Jalisco, anunció que las protestas marcarán solo la primera etapa de una estrategia más amplia. Informó que comenzará un proceso de recolección de firmas con el objetivo de impulsar una revocación de mandato contra el gobernador Pablo Lemus.
El legislador sostuvo que el tarifazo representa una decisión unilateral que afecta de manera directa a los sectores más vulnerables y aseguró que el descontento social podría traducirse en mecanismos de participación ciudadana contemplados en la ley.
Congreso impulsa referendo contra el tarifazo
El Congreso del Estado también ha tomado un papel activo en la controversia. A media semana, los legisladores aprobaron seis acuerdos relacionados con el aumento al transporte, entre ellos un exhorto formal al Ejecutivo para cancelar el ajuste tarifario.
Además, se anunció la presentación de una solicitud de referendo, con la intención de someter el aumento a consulta popular. Esta iniciativa se suma a un esfuerzo ciudadano independiente que ya avanza ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana.
Avalancha de firmas ciudadanas
De manera paralela, un grupo de ciudadanos no identificados con partidos políticos inició un pre registro de firmas para solicitar un referendo. El respaldo social ha superado todas las expectativas: de las 3 mil 369 firmas necesarias, hasta este sábado se habían recabado 11 mil 515, casi un 350 por ciento más de lo requerido.
Este respaldo ha sido interpretado como una señal clara del nivel de rechazo social al tarifazo y de la disposición ciudadana a utilizar vías institucionales para frenarlo.
Protestas: Más movilizaciones y denuncia de represión
Las protestas no se detendrán. Los organizadores anunciaron nuevas marchas para los sábados 24 y 31 de enero, mientras que Morena informó que prepara una mega manifestación para el 14 de febrero, con el mismo objetivo de echar abajo el aumento en un servicio público concesionado a empresarios camioneros.
La tensión se intensificó tras la movilización más numerosa registrada la semana pasada, cuando cuatro manifestantes fueron detenidos, entre ellos dos estudiantes de la Universidad de Guadalajara, después de que patrullas estatales y de la policía vial cercaran a los asistentes cuando ya se retiraban sin causar desmanes.
Señalamientos por violaciones a derechos humanos
Más de 50 colectivos y organismos defensores de derechos humanos, entre ellos Amnistía Internacional, calificaron la actuación policial como una grave violación a las garantías individuales. Denunciaron que los detenidos fueron incomunicados y amenazados durante al menos tres horas, mientras sus familiares los buscaban sin que las autoridades reconocieran su detención.
Estas acusaciones han añadido un nuevo elemento de tensión al conflicto, reforzando la percepción de que el tarifazo no solo es un tema económico, sino también un problema de gobernabilidad y derechos humanos.
Un conflicto que sigue abierto
Con protestas en aumento, procesos de referendo en marcha y señalamientos de represión, el conflicto por el tarifazo al transporte público en Guadalajara se perfila como uno de los temas sociales más relevantes del arranque de año, con un desenlace aún incierto.
