En una sesión que se extendió por más de tres horas, la Junta de Gobierno del Instituto de Movilidad y Accesibilidad (IMA) de Nuevo León aprobó un aumento gradual en la tarifa del transporte público. Este nuevo tarifazo elevará el costo de los actuales $15 pesos a $17 pesos, un ajuste que culminará en agosto de 2026 con incrementos de 10 centavos mensuales.
Aunque el secretario de Movilidad estatal, Hernán Villarreal, y el encargado de despacho del IMA, Abraham Vargas, justificaron el aumento como una medida para “mejorar el servicio y evitar confusiones entre usuarios y operadores”¡, la decisión ha generado críticas por el impacto económico en las familias que dependen del transporte público.
El fin de la tarifa de castigo: ¿mejora o retroceso?
Además del aumento tarifario, otro cambio importante fue la eliminación de la denominada “tarifa de castigo”. Según Villarreal, este ajuste permitirá una mayor eficiencia en la prestación del servicio y reducirá los tiempos de espera para los usuarios.
“Estaríamos logrando una eficiencia en el servicio y un soporte del estado en el tope de $17 pesos. No hay tarifa de castigo”, aseguró el funcionario.
Sin embargo, el alcalde de Santa Catarina, Jesús Nava, y otros representantes locales criticaron la medida, argumentando que los incrementos afectarán gravemente a las familias.
“Finalmente le vas a estar dando un golpe cada mes. El transporte no es un lujo, es una necesidad”, enfatizó Nava.
La respuesta ciudadana: preocupación por el bolsillo y la transparencia
El anuncio del tarifazo ha desatado una ola de críticas entre usuarios y líderes comunitarios. Para muchas personas, el transporte público no solo es esencial, sino que representa una carga económica significativa en sus presupuestos mensuales.
Principales preocupaciones de los usuarios:
- Impacto económico: La gradualidad del aumento no reduce la percepción de un golpe al bolsillo.
- Eficiencia del servicio: Los usuarios exigen que las promesas de mejora sean tangibles, con unidades más seguras y tiempos de espera reducidos.
- Transparencia: Existe temor de que los recursos adicionales no se utilicen en beneficio del servicio, sino que terminen favoreciendo a intereses particulares.
Promesas de mejora: ¿realidad o simple discurso?
El gobierno estatal ha asegurado que este ajuste permitirá financiar mejoras en el sistema de transporte público, desde nuevas unidades hasta la optimización de rutas y horarios. No obstante, los usuarios exigen mecanismos claros de supervisión para garantizar que estas promesas se cumplan.
Entre las propuestas más destacadas se encuentra la creación de un observatorio ciudadano que supervise la implementación de las medidas acordadas y fomente la participación activa de la sociedad.
Un debate que apenas comienza
En los próximos meses, se espera que las mesas de diálogo entre autoridades, concesionarios y representantes de los usuarios definan el futuro del transporte público en Nuevo León. Mientras tanto, los ciudadanos enfrentan un panorama incierto, marcado por el aumento de tarifas y la esperanza de que las mejoras prometidas no queden en el papel.
Conclusión: El reto de un transporte eficiente y accesible
El aumento tarifario en Nuevo León abre un debate profundo sobre el equilibrio entre costos, eficiencia y accesibilidad del transporte público. Si bien las autoridades aseguran que el ajuste es necesario para mejorar el servicio, los usuarios demandan transparencia y resultados reales.
El verdadero desafío será demostrar que este incremento, lejos de ser un golpe económico, se traduce en un transporte digno y funcional para todos los neoleoneses.
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