El gobierno mexicano, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), anunció la ampliación de una demanda contra las armadoras de Estados Unidos, acusadas de complicidad en el tráfico ilícito de armas hacia México. Esta ampliación ocurre después de que el Departamento de Justicia de EE. UU. reconociera que el 74% de las armas incautadas en territorio mexicano provienen de Estados Unidos.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, destacó que, tras la reciente declaración de seis cárteles mexicanos como “terroristas” por parte de EE. UU., se profundiza la responsabilidad de los fabricantes y distribuidores de armas que facilitan el tráfico hacia México. En su conferencia mañanera del 20 de febrero de 2025, Sheinbaum aclaró que la ampliación de la demanda buscará responsabilizar a quienes venden armas que terminan en manos de estos grupos criminales.
Contexto de la demanda y la ampliación legal
La demanda original fue presentada en 2021 contra ocho empresas fabricantes y distribuidoras de armas con base en Estados Unidos, acusadas de facilitar el tráfico de armamento hacia México. Con el reconocimiento del Departamento de Justicia de EE. UU. sobre el origen de las armas incautadas en el país, la SRE ha decidido expandir la demanda para incluir a las empresas responsables de proveer armas a los cárteles que ahora son considerados terroristas.
El 4 de marzo de 2025, la Suprema Corte de Justicia de EE. UU. analizará si las empresas demandadas gozan de inmunidad legal, a pesar de que sus prácticas contribuyen al tráfico de armas ilícitas hacia México. Este litigio representa una parte clave en la lucha del gobierno mexicano contra la violencia generada por los cárteles y el tráfico de armas.
Estrategia de México ante el tráfico de armas
México ha mantenido una postura firme contra el tráfico ilícito de armas y ha desarrollado una estrategia integral para combatir este fenómeno. Además de la demanda en Massachusetts, la Cancillería mexicana sigue trabajando estrechamente con organizaciones internacionales y especialistas en armas, como el Global Action Against Gun Violence, para fortalecer las pruebas contra los involucrados en este crimen transnacional.
En días recientes, Pablo Arrocha, consultor jurídico de la SRE, se reunió con los abogados Jonathan Lowy y Steve Shadowen para definir los próximos pasos en el litigio. Además, se ha avanzado favorablemente en un litigio en Arizona que permitirá recabar más pruebas relacionadas con el tráfico ilícito de armamento.
Un paso importante en la lucha contra el narcotráfico
La ampliación de la demanda es un paso importante en la lucha contra el narcotráfico en México. La venta de armas de alto poder, en particular a los cárteles, ha sido una de las principales causas de la violencia en el país. El gobierno mexicano considera fundamental responsabilizar a las empresas armamentistas que operan en EE. UU. y que, según el gobierno mexicano, han sido cómplices al permitir que sus productos lleguen a grupos criminales.
El resultado de esta demanda podría sentar un precedente importante en la lucha contra el tráfico de armas a nivel internacional, especialmente en la relación entre México y Estados Unidos.
Próximos pasos y la audiencia en la Corte Suprema de EE. UU.
La audiencia programada para el 4 de marzo en la Corte Suprema de EE. UU. será crucial para determinar si las empresas de armas deben enfrentar consecuencias legales por sus prácticas. México espera que este proceso judicial arroje una resolución favorable que pueda frenar el flujo de armas hacia el país y, con ello, reducir la violencia vinculada al narcotráfico.
¡Únete a nuestro canal de Telegram! Las noticias más relevantes del día directamente en tu dispositivo móvil
TE PODRÍA INTERESAR