Durante su conferencia matutina este lunes 30 de diciembre, la presidenta Claudia Sheinbaum abordó uno de los temas más sensibles para la economía mexicana: el precio de la gasolina. En varias regiones del país, los costos por litro superan los 25 pesos, encendiendo alarmas entre consumidores.
Sheinbaum dejó claro que no permitirá un «gasolinazo» en 2025 y ya instruyó a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la Secretaría de Energía (Sener) a trabajar en estrategias que regulen los precios del combustible.
«No es posible que la gasolina magna esté en 26 pesos en algunos lugares. Esto es totalmente fuera de norma. Hemos dado la instrucción para analizar y resolver este problema», enfatizó Sheinbaum.
¿Qué acciones implementará el Gobierno?
La mandataria señaló que desde la semana pasada ordenó reuniones con gasolineros y representantes de marcas de estaciones de servicio para evaluar posibles soluciones.
Una de las medidas principales será realizar un análisis integral de la cadena de distribución de combustibles, considerando que gran parte de la gasolina en México se importa y otras cantidades se obtienen de refinerías de Pemex.
Además, se revisará el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), que influye directamente en el precio final del combustible. Este impuesto ya ha sido utilizado en ocasiones anteriores para mitigar aumentos bruscos derivados de fluctuaciones internacionales, como ocurrió durante el conflicto entre Rusia y Ucrania.
«Si sube mucho el precio del petróleo, utilizaremos el IEPS para amortiguar el impacto y evitar que esto afecte la inflación en México», explicó la presidenta.
Garantía de estabilidad en los precios
Cuando se le cuestionó si las medidas del Gobierno podrían derivar en un nuevo gasolinazo, Sheinbaum fue categórica:
«El precio del petróleo no ha aumentado realmente, lo que significa que el precio de la gasolina tampoco debería subir. Nuestro compromiso es proteger la economía de los mexicanos».
Con esta declaración, el Gobierno de México, reafirma su postura de evitar un impacto negativo en el bolsillo de los ciudadanos, a través de estrategias que aseguren precios justos y estables.
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